Durante el proceso electoral 2017-2018, Puebla fue la entidad que registró mayor número de agresiones a políticos, con un total de 125, y una de las que menor acceso a la información electoral procuró a ciudadanos a través del IEE, la FGE y el TSJ.
Así lo indican los resultados del “Estudio sobre delitos electorales. Incidencia y evolución más allá de los partidos políticos”, elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), donde, con base en datos de la consultora Etellekt, se hace notar que, de 754 ataques –hacia precandidatos, candidatos y actores partidistas–a nivel nacional, el estado concentró el 16 por ciento.
En este sentido, recordó que tan sólo el 1 de julio, día de los comicios, se presentaron 122 denuncias de agresiones (98%), dos de ellas por homicidios dolosos contra priistas, aunadas a los saqueos, robos, quema de urnas y retenciones en al menos 70 casillas.
Por estos hechos, la Policía Federal trasladó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a 62 personas sospechosas, entre las que se encontraba –remarca– Israel Mancilla Amaro, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Puebla (TSJ).
Sumó 23 agresiones contra mujeres
Asimismo, señaló que en Puebla ocurrieron 23 de los 185 casos de violencia política contra mujeres, es decir, el 12 por ciento, lo que coloca al estado en el segundo puesto nacional.
Con tales cifras, la entidad poblana se ubica a la cabeza de los cinco estados que concentran el 51 por ciento del total de agresiones a políticos en México, junto con Guerrero, Oaxaca, Estado de México y Veracruz.
IEE y FGE, sin transparentar datos
Respecto a la transparencia, el ONC señaló que el Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla y la FGE no respondieron a ninguno de los requerimientos y búsquedas que le hizo sobre presupuesto, ingresos y egresos durante el proceso electoral, así como sobre delitos en la materia.
Ambos –detalla– omitieron responder a preguntas que, vía transparencia, se les plantearon sobre liderazgo estratégico, estructura organizacional, recursos humanos, administración financiera, infraestructura, gestión de programas y servicios, gestión de procesos y vínculos entre organizaciones.
En tanto, el TSJ contestó de manera parcial y con datos que no hacían referencia a lo preguntado.
Además, tras revisar las páginas oficiales de internet de dichos organismos, la organización halló que en ninguno “hay una clara distribución del número de funcionarios públicos, del presupuesto, ni del ejercicio del gasto, así como de ningún programa interno o externo que evalué los logros obtenidos”.
Con base en lo anterior, ponderó que, entre los nueve estados donde se celebraron elecciones para renovar gubernatura, Puebla es “uno de los estados en donde el acceso a la información directa entre el ciudadano y la dependencia tuvo como resultado la menor cantidad de respuestas”.
