El Congreso de Puebla continúa negándose a hacer cumplir la orden de la SCJN respecto a que los Registros Civiles celebren matrimonios homosexuales sin una orden judicial, con el argumento de que tras el fallo, ya no es necesario otro trámite.
Debido a que los jueces se niegan a dar el servicio con la justificación de que “no han sido informados” por la Secretaría General de Gobierno (SGG), en el Legislativo se presentó un punto de acuerdo para exhortar a la dependencia que circule la información, sin embargo, los diputados se negaron a aprobarlo.
Socorro Quezada Tiempo –de la bancada del PRD— presentó la propuesta de exhorto por considerar que la negativa de los jueces violenta el derecho de los interesados en casarse.
En el punto de asuntos generales de la sesión ordinaria celebrada este martes, pidió la palabra para presentar un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitido en el 2016, en el cual señaló que era inconstitucional que los Códigos Civiles de 17 estados –incluido Puebla— se reconociera explícitamente que el matrimonio era la unión legal solamente entre un hombre y una mujer.
En este sentido, fue emitido otro pronunciamiento por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que también presentó la legisladora en tribuna para justificar se demanda.
Bodas del mismo sexo son constitucionales
Asimismo, presentó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que reconoció que, efectivamente, los artículos 300 y 294 del Código Civil de Puebla son inconstitucionales por reservar la unión legal exclusivamente para heterosexuales.
Con la resolución, el anterior presidente del Legislativo, Jorge Aguilar Chedraui, garantizó que cualquier interesado ya podría casarse sin necesidad de un amparo, no obstante, se negó a promover que fueran modificados.
Al no ser reformado el código y solo haber jurisprudencia de por medio, al solicitar el servicio los jueces señalan que hasta la fecha “no han sido notificados” del fallo de la corte, que no hay reformas al artículo y tampoco han recibido la orden directa de la SGG para casar libremente a personas homosexuales.
Por tal motivo, para evitar que entre autoridades se “echen la bolita”, Quezada Tiempo pidió exhortar a la SGG –encabezada por Diódoro Carrasco Altamirano— para que cumpla con lo que los jueces argumentan que falta.
Después de la exposición de motivos, la diputada pidió que su punto de acuerdo se votara de inmediato para ya no alargar el problema, que data del año pasado, por lo cual la Mesa Directiva procedió a tomar la votación.
Solo dos votos a favor
Fue así que solo las diputadas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Geraldine González Cervantes, y del Partido del Trabajo (PT), Lizeth Sánchez García, votaron a favor, mientras que el resto lo hizo en contra.
El panista Pablo Rodríguez Regordosa pidió la palabra para justificar su voto de oposición con el argumento de que como ya se reformó el Código Civil, ya no es necesario que el Congreso intervenga, sino que solo los jueces cumplan.
Incluso, invitó a Quezada Tiempo a que “le saque copias” a la información de su punto de acuerdo y “la reparta” entre los interesados en casarse, para que el día que acudan al Registro Civil presenten los papeles a los jueces y así ya no les pidan una orden judicial.
Al ser rechazado el punto de acuerdo, se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para que, cuando lo decida, analice, discuta, modifique y apruebe –o deseche— la petición.
Por todo esto, organizaciones civiles continúan con la demanda de que se reforme el Código Civil, para que los jueces, el Congreso y la SGG ya no tengan forma de evadir su responsabilidad o relegarla a otros.
