Los reclamos por las altas tarifas de agua y abusos en el municipio de Puebla no sólo han sido por parte de propietarios de casa-habitación, sino también de escuelas, a las que cobran, además de cuotas exageradas, estudios de factibilidad y adeudos sin que los tengan.
Las quejas contra la empresa ocurrieron a las pocas semanas que empezó a administrar el servicio, el 22 de mayo de 2014, debido a que impuso tarifas arbitrarias.
Ciudadanos inconformes con esto acusaron que los recibos traían un aumento de hasta el 400 por ciento; fue el 12 de junio de ese año, es decir menos de un mes, cuando se dio a conocer de manera pública la primera queja relacionada a los cobros.
Desde esa fecha y hasta febrero de 2016, la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en el estado registró 280 quejas por diferentes cuestiones contra la empresa como cobro de cuotas extraordinarias, negativa a corregir tarifas y a suministrar el servicio.
Las quejas son varias, sin embargo, no todos los usuarios quieren hablar por temor a represalias, por lo que optan por aceptar lo que Agua de Puebla les cobra con tal de seguir teniendo el servicio, mientras que otros han tenido que buscar asesoría legal para evitar estos abusos.
Uno de estos ejemplos es el del “Colegio Esperanza“, un jardín de niños ubicado en la calle Iris, en la tercera sección de San Ramón de la capital poblana, a la que la empresa le pretende cobrar 35 mil 721 pesos por el servicio del agua.
Uno de los trabajadores de la institución contó a este medio que el problema con la firma hidráulica empezó desde inicios del año pasado, pues estaban registrados como uso habitacional, por lo que acudieron a pedir el cambio de uso para que fuera comercial.
Entonces, la empresa les manifestó que tenían que hacer un estudio de factibilidad, por el que les cobraron 60 mil pesos, una cifra “exagerada”, sin que se hayan enterado de los resultados que arrojó el mismo; “nos pudo enredar y terminamos pagándolo”, expresó.
Explicó que para cubrir dicho monto tuvieron que firmar seis letras; una para cada mes, periodo que la concesionaria les dio para que lo hicieran, ya que “es lo único que nos dijo que podía hacer para ayudarnos y, como pudimos, les pagamos”.
Es necesario mencionar que el término de factibilidad no existía cuando la operación estaba a cargo del sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), pues fue hasta que se entregó a la empresa cuando esta comenzó a expedir dichos estudios, derivado de que se reformó la Ley de Agua del Estado de Puebla.
Y es que, de acuerdo con el artículo 36 de esa ley, “los propietarios, los poseedores y en general las personas que por cualquier título tengan derechos de disposición o administración, total o parcial sobre inmuebles están obligados a solicitar y tramitar la factibilidad de servicios públicos y a realizar el pago de los derechos correspondientes”.
Sin embargo, este artículo detalla que para ello deben tomarse en consideración cuatro puntos: que se haga previamente a iniciar procesos de diseño, desarrollo, comercialización y edificación de nuevos fraccionamientos, conjuntos habitacionales, comerciales, industriales, mixtos o de otro uso
Así como cuando requieran ampliación y modificación de uso o destino de los inmuebles; cuando los inmuebles no cuenten con toma; o cuando los inmuebles sí cuenten con toma y pretendan realizar derivaciones.
Esto contraviene con lo hecho por la empresa, ya que no dio argumento del por qué se tenía que hacer el estudio de factibilidad, además de que no correspondía a ninguno de los cuatro puntos anteriores, siendo este –dijo el afectado– el primer abuso.
Pretende cobrar retroactivo de 5 años
Posteriormente, explicó, Agua de Puebla manifestó que tenían que instalar un medidor, así como pagar un retroactivo de 5 años, el cual era de 60 mil pesos cada uno, por lo que era un total de 300 mil pesos, a lo cual no accedieron, ya que no tenían adeudos y no había motivo del por qué se los cobraran.
Agregó que sí accedieron a que les pusieran el medidor, lo cual tardó tres meses, tiempo en el que no llegaron recibos y cuando los mandaron les cobraban 6 mil pesos por mes, lo cual no tenía justificación porque “la escuela no gasta tanto”, ya que antes de la concesión pagaban entre 500 y 600 pesos.
“Cuando pedimos el medidor fue para que nos cobraran lo justo, no lo que ellos quieran, nos dimos cuenta de que una vez que lo instalaron, lo mucho que gastábamos era de 600 pesos, pero la empresa no lo respetó y nos cobraba una misma tarifa, por lo que recurrimos a asesoría legal”.
Derivado de ello, contó, acudieron a litigantes, quienes pidieron un informe a Agua de Puebla del motivo de cobro de los 5 años, en el que la empresa manifestó que “de buena gente” se lo bajaban a 30 mil pesos, lo que tampoco aceptaron porque no argumentó por qué esa cantidad.
Sin embargo, la concesionaria determinó cortarles el servicio de agua en enero de este año, argumentando el corte por la redes de suministración, por lo que tramitaron un amparo en el juzgado Tercero de Distrito.
El recurso jurídico procedió y la justicia federal ordenó que les reconectarán el vital líquido, pero la empresa les siguió mandando recibos en el que les incluyó la reconexión a pesar de que había sido una instrucción del juzgado.
Actualmente, la escuela está catalogada como uso comercial, con servicio medido no doméstico en el estrato 1, y el saldo que les cobra la concesionaria es de 35 mil 721 pesos, de los que 2 mil 971 pesos son por la reconexión que les hicieron en febrero.
Si bien aceptó un adeudo de todo el 2017 y lo que va de este año, este ha sido porque consideran el pago excesivo, y aunque han querido llegar a un acuerdo con la empresa, la única manera que han logrado algo es a través de la vía legal.
De acuerdo con el artículo 118 de la Ley de Agua, los prestadores de servicios están facultados para actualizar las tarifas y cuotas aprobadas por el Congreso local, por lo que la última actualización, publicada en el Periódico Oficial del Estado, establece que en el uso comercial en servicio medido se divide en seis rubros.
En el primero de 0 a 20 metros cúbicos, va de 19.61 a 392.2 pesos; el segundo de 21 a 40 metros cúbicos, de 20.40 a 408 pesos; el tercero de los 41 a 60 metros cúbicos, de 26.91 a 538.2 pesos; el cuarto, de 61 a 80 metros cúbicos va de los 32.40 a los 648 pesos; el cuarto, de los 81 a 100 metros cúbicos, es de 39.39 pesos a 787.8 pesos; y la última de los 101 a 200 metros cúbicos, va de los 45.96 pesos a mil 988 pesos.
Inventa adeudo de 180 mil pesos
Otro de los casos que se suma a este es el de “Grupo American Escuelas de Inglés”, a la cual la concesionaria pretende cobrarle 180 mil 186 pesos, sin argumentar el motivo de ello e incluso le cortaron el servicio por negarse a pagar y tuvieron que tramitar un amparo.
Este problema inició en febrero de este año, cuando personal de la concesionaria llegó al inmueble, marcado con el número 317, de la calle 107 poniente, en la colonia Loma Encantada, con la intención de cortar el servicio, justificando que era por el adeudo, pero a decir del propietario “no tiene razón de ser”.
Aunado a esto, pidieron el Número de Identificación de Servicio (NIS) y, sin decir algo más, procedieron a contarles el vital líquido y el drenaje, y aunque trataron de impedirlo, lo único que les dijeron –contó el propietario– es que tenían que acudir a las instalaciones de la empresa para arreglar la situación.
Los afectados quisieron solucionar el problema, por lo que acudieron a las oficinas de Agua de Puebla sin lograr algo, ya que el personal de la misma se puso en la postura de que tenían que pagar y la única solución es que dieran un anticipo del 40 por ciento, para posteriormente solventar el resto en pagos a seis meses, pero deberían de firmar unas letras.
Reconoció que tenían un adeudo en 2017, pero era de 2 mil pesos, mismo que fue pagado a finales del año pasado, por lo que no accedieron a lo que les dijeron y tuvieron que recurrir a asesoría legal para evitar que los estafaran.
De acuerdo con el último recibo que les mandaron, el inmueble está catalogado como uso no habitacional, con giro colegio o escuela contemplada en el estrato 1, y se señala un adeudo de 27 periodos, es decir uno por cada mes.
“Fuimos a San Manuel y lo único que hacen es mandarte a Aclaraciones, en donde una señorita que ya está entrenada para que te envuelvan y pagues, te dicen que te vas a quedar sin agua, sin drenaje, eso es como una especie de amenaza para que les des el dinero”, señaló en tono molestó.
Tras esto, los usuarios tardaron alrededor de mes y medio sin servicio de agua, hasta que su representante legal tramitó un amparo indirecto radicado en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales del estado de Puebla, el cual fue a favor y se obligó a reconectarles el servicio.
Pero esto no es todo, pues otras de las anomalías de la empresa es que dicen que van a mandar a alguien a inspeccionar el inmueble, a tomar fotografías, lo cual –atribuyeron—es para que vean qué tienen las familias y ver si hay más conexiones de agua.
Aunque les reconectaron el servicio –mencionó– la empresa les colocó un medidor que ni tenían, ya que su servicio era de toma; encima, los trabajadores que lo pusieron les pidieron “para el chesco” y, al momento de irse, en tono de amenaza les dijeron que regresarían, es decir, a cortárselas otras vez.
Medidores, sin tomarlos en cuenta
El dispositivo, que tiene más de dos semanas, marcaba 3 metros cúbicos utilizados, pero los propietarios afirmaron que no había caído agua, al menos en tres días, por lo que tampoco saben de qué forma se base la empresa para cobrar el servicio medido que dicen, por lo que podían hacerlo con tarifas distintas.
Este no fue el único problema, sino que al momento de que les pusieran el medidor tuvieron que abrir el concreto de la banqueta y la calle, ya que lo pusieron por fuera, además de que les dijeron que tienen que pagarlo, para lo cual desembolsarían hasta 4 mil pesos.
El quejoso afirmó que, en 2017, el promedio de pago por el servicio de agua es de entre 400 y 500, por lo que no hay argumentos para que les pretendan cobrar los más de 180 mil pesos, pues tampoco es una escuela grande, sino que solo se dedican a dar asesorías de inglés y pretenden tomar el inmueble como una institución más amplia.
“A mí me gustaría ver que el hombre de esa empresa le cobre así a su abuelita, a ver qué es lo que siente, nosotros nos podemos defender, pero hay personas que viven al día y que les cobren eso, tal vez porque está ganando dinero o robando, no sé, por eso lo cobra, hace falta que alguien arriba de ellos les de su cachetada para que aprendan”, refutó.
En ese tenor, exhortó a los que han sido víctimas de la empresa de estos y otros abusos a que no se dejen caer en las “artimañas” que utilizan, pues si quieren cobrarles de más mejor busquen asesoría legal, porque “son extorsionadores, son unas bestias, eso es lo que les puedo decir”.
Estas irregularidades de la empresa se dan a pesar de que en el párrafo sexto del artículo 4 de la Constitucional federal establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
Además de que el Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
Incluso, contraviene con lo que establece el artículo 99 de la Ley de Agua del estado de Puebla, el cual establece que el prestador de servicios públicos podrá suspender justificadamente los servicios hídricos en los siguientes casos:
Por falta del pago de los derechos, contribuciones de mejoras y productos correspondientes al servicio de que se trate, lo cual la empresa no hace, ya que en todos los casos que ha cortado el servicio lo ha hecho sin justificar el motivo de ello.
En el mismo artículo se señala que el retiro del suministro del vital líquido igual puede ser por orden o mandato de la autoridad competente, hecho que tampoco ha acreditado Agua de Puebla, por lo que actúa por su propia cuenta y ello ha generado que la justicia federal ampare a los usuarios.
