En 2016, los estados de Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luís Potosí y Veracruz no comprobaron transferencias a municipios por un total de 160.6 millones de pesos, correspondientes al fondo para financiar proyectos para resarcir las afectaciones por la explotación de gas y petróleo.
Así lo dio a conocer la organización Fundar en su “Anuario 2017. Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin de sexenio”, en el que retomó un reporte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), que trata sobre el uso de recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (Fefmph).
La ASF publicó un informe acerca de la auditoría financiera y de cumplimiento del Fefmph en 2016, en el que determinó que el fondo no tiene una cuenta específica para recibir los recursos y hacer las transferencias correspondientes a las entidades federativas, lo que representa un incumplimiento de los postulados básicos de “registro e integración presupuestaria” e “importancia presupuestaria
Segundo, que –Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luís Potosí y Veracruz– no comprobaron transferencias a municipios por un total de 160.6 millones de pesos, lo que incumple con las Reglas de Operación, por lo que la ASF pidió a las contralorías de las entidades actuar al respecto.
Otras irregularidades halladas
Además de que las Reglas de Operación tienen vacíos, pues no prevén atribuciones de la SHCP para: a) vigilar y exigir que los montos entregados a las regiones marítimas se calculen con base en la mecánica de distribución establecida para cada entidad federativa; b) supervisar y dar seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las entidades, y c) revisar que los recursos de la región marina se apliquen en municipios que registren daños al entorno social y ecológico derivados de la exploración y extracción de hidrocarburos.
Cuarto que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no verificó el cumplimiento de los reportes de aplicación de recursos que le entregaron las entidades federativas. Quinto que varios estados y municipios no reportaron información sobre la aplicación de recursos del Fondo al cuarto trimestre de 2016, como es su obligación.
Así como que en una muestra de 16 proyectos de tres entidades analizados, la ASF encontró: a) falta de documentación comprobatoria de recursos de algunos proyectos; b) diferencias de importes ejercidos por los proyectos respecto a lo reportado por la SHCP; c) proyectos que no respondían a acciones para cumplir el objeto de resarcir el daño social y ecológico de la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos; d) proyectos que excedieron los montos máximos autorizados para la contratación de obra pública, y e) proyectos en que no se acreditaron los supuestos aplicables para justificar procesos de contratación por adjudicación directa.
Dicho fondo tiene como objetivo financiar proyectos de inversión que permitan resarcir las afectaciones sociales y ecológicas generadas por las actividades extractivas. A esta finalidad debe dirigirse el 100 por ciento de los recursos, aunque puede utilizarse el 3 por ciento para la realización de estudios y la evaluación de proyectos orientados al objetivo señalado.
Fue creado como un mecanismo que pretende, al menos en teoría, compensar a aquellas regiones que se ven afectadas por la exploración y extracción de hidrocarburos y sus efectos sobre la población y el ambiente. Sin embargo, los recursos para este fin son entregados a los estados y los municipios sin que se establezcan mecanismos para la participación de las poblaciones que habitan estas zonas y que son las principales impactadas.
En 2017, 10 estados beneficiados por fondo
Tan sólo en 2017 los estados y municipios habrían ejercido, según los datos de Transparencia Presupuestaria (2018), 10 mil 282 millones de pesos repartidos en Coahuila, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Puebla, Chiapas, Nuevo León, Estado de México y San Luís Potosí, en orden de importancia del monto de recursos recibidos.
Como se ha señalado, diez entidades federativas fueron beneficiadas por el Fondo. Destacan el estado de Coahuila que ejerció 27 por ciento de los recursos, Tabasco con 26 por ciento, Tamaulipas con 19 por ciento y Veracruz con 12 por ciento. Les siguen Campeche (8 por ciento), Puebla (5 por ciento), Chiapas (3 por ciento), Nuevo León (0.2 por ciento), Estado de México (0.01 por ciento) y San Luís Potosí (0.003 por ciento).
El estudio indicó que resulta llamativo que sea Coahuila el estado que más recursos ha ejercido, cuando tiene menos áreas de exploración y extracción en su territorio que otros estados, como es el caso de Veracruz y Tamaulipas. Lo mismo en el caso de Tabasco, cuyas áreas ocupan menos extensión que las de dichos estados y que el de Nuevo León. Otro hallazgo destacable es que el Estado de México haya recibido recursos, cuando no existen áreas de asignación ni de contratación en su territorio.
Durante 2017, un total de 175 municipios recibieron en mayor o menor medida recursos del Fondo. Por entidad federativa, destaca Veracruz con 74 municipios, seguida por Tamaulipas con 31 y Coahuila con 21, Tabasco con 17, Puebla con 12, Campeche con 11, Chiapas con 5, Nuevo León con 2, San Luis Potosí con 1 y Estado de México con 1.
Finalmente Fundar criticó que tampoco se publica actualmente información adecuada sobre el uso de los recursos del Fondo que permita monitorear el uso real final de estos recursos y su impacto en el alcance de los objetivos del Fefmph, lo que deja abierta la puerta para que los gobiernos los usen de manera discrecional o, incluso, para que se desvíen recursos a otros fines o bolsillos.
