La Contraloría del estado aclaró que son 24 funcionarios sancionados en el primer semestre del año, siendo en su mayoría del sector salud con 10, mientras que el castigo más alto fue de 10 años de inhabilitación, así como de más de 1.5 millones de pesos.
Esto de acuerdo con el listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas publicado en la página de transparencia de dicha dependencia en el apartado “XLVIII A”, correspondiente a “información de interés público” en el que se especifica que la última actualización se realizó el 30 de junio.
De acuerdo con el documento, el sector salud representa el 41.7 por ciento del total de sanciones con 10; le siguen las secretarías de Seguridad Pública (SSP) con tres; de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (Sdrsot) con tres y la Comisión Estatal de agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue), igual con tres.
Posteriormente está el DIF estatal con dos, mientras que las secretarías General de Gobierno (SGG); de Finanzas y Administración (SFA), así como Convenciones y Parques, todas con un funcionario sancionado.
De manera descendente los funcionarios sancionados son:
Yuri Moisés Rojas Pérez, Jefa de Departamento del Hospital Comunitario de Tulcingo del Valle, con inhabilitación por 10 años y sanción económica de 168 mil 840 pesos y Jaime Cortes Pineda, analista en la Sdrsot, con una inhabilitación por 6 años.
Le sigue Marco Antonio del Carmen Sánchez, Jefe de Departamento en la Ceaspue, quien enfrenta dos procesos, uno por una inhabilitación por 5 años y sanción económica de 753 mil 804.02 pesos y el otro con inhabilitación por 5 años y sanción económica de 600 mil 737.20 pesos.
A estos se suman Fermín Alberto Soto Rosas, policía “A” en la SSP, inhabilitado por 5 años y sanción económica por 22 mil pesos de forma solidaria; Armando Santiago Argueta, oficial de investigación “C” de la SSP, inhabilitado por 5 años y sanción económica de 22 mil pesos y Dulce Damaris de Hoyos Chávez, médico en el Hospital General de Huauchinango, con una inhabilitación por 5 años.
La lista continúa con Eugenio Enrique Cabrera Estevez, policía tercero “B” en la SSP, con una inhabilitación de 4 años y sanción económica de 35 mil 151 peso y José Luis Huerta Castillo, director en la Ceaspue, que tiene inhabilitación por 4 años y sanción económica de un millón 521 mil 818.42 pesos, siendo esta última la más alta en dinero.
En tanto, María Teresa Ramírez Legaria Ochoa, médico del hospital General de Acatlán de Osorio, fue destituida e inhabilitada por 2 años; Yuri Moisés Rojas Pérez, jefa de departamento en hospital Comunitario de Tulcingo del Valle, con inhabilitación por un año y sanción económica de 14 mil 55 pesos.
De igual forma está María Fabiola Herrera Rosas, Jefa de Departamento en el DIF estatal, con inhabilitación de un año y sanción económica de 7 mil 177.89 pesos; Marisol Ávila Cabañas, analista en la Sdrsot, inhabilitada por un año y sanción económica de 750 pesos y Jairo Francisco Rodríguez Ruíz, Promotor de la Secretaría de Salud (SS), inhabilitado por un año.
4 tuvieron amonestación pública
Abel Ramírez Flores Analista, analista en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (Issstep) con inhabilitación por un año y Jovita Vargas Morales, oficial en la Dirección de Ingresos de la SFA, inhabilitada por un año.
Después están Manuel Salazar Gudiño, médico del Centro de Salud de Servicios Ampliados (Cessa) de San Martín Texmelucan, destituido del cargo y suspensión de seis meses; Manuela Zumaya Castañeda, enfermera del Centro de Salud 5 de mayo en Huehuetla, con amonestación pública y sanción económica de 7 mil 942.38 pesos y Carlos Enrique Aispuro Flores, director en la Unidad Médica Familiar número del Issstep, con amonestación pública.
Alfredo Gutiérrez Valencia, médico en el hospital de Cuetzalan, con amonestación pública y suspensión por tres meses y María de Lourdes Carvajal Linarte, directora en Convenciones y Parques, amonestada públicamente.
Y finalmente están Jonathan Manuel Espinoza Moreno, analista en Sdrsot y Sedeso inhabilitado por un año y Gisela Galarza Gómez, del Juzgado Cuarto del Registro Civil, adscrito a la SGG, quien fue destituida.
Cabe mencionar que el lunes pasado se publicó que la Contraloría sólo había sancionado a un funcionario de enero a junio de este año, sin embargo, esta información fue de acuerdo a lo que se tiene publicado en la fracción XVIII correspondiente a “sanciones administrativas a servidores públicos”.