Luego de que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh) solicitara el informe que el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles hizo a México, se conoce que en el país hay tortura generalizada.
De 12 al 21 de diciembre de 2016, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles llevó a cabo una visita al suelo mexicano para conocer la situación de la tortura; en diciembre de 2017, entregó un informe a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), mismo que se mantuvo en estado de confidencialidad hasta que la Cmdpdh lo solicitó.
Durante cuatro meses, la SRE mantuvo en secrecía el informe derivado de la visita del 2016, en el que los especialistas seleccionaron 32 lugares de estados como Baja California, Coahuila, Guerrero, Veracruz, Morelos, Nuevo León y la Ciudad de México para encontrarse con víctimas, así como organizaciones de la sociedad civil.
En dicho documento, obtenido mediante el Sistema Nacional de Transparencia, se expone que en México, se han presentado avances legislativos como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas o la Ley Nacional de Ejecución Penal, sin embargo, la tortura está presente.
Durante el informe se puede leer que a lo largo de la visita del subcomité no había individuos privados de su libertad bajo la condición de arraigo, la cual, de acuerdo con el documento: “no resulta necesaria para luchar contra el crimen organizado”.
Sin embargo, se asegura que el subcomité “recibió con preocupación numerosas alegaciones de personas privadas de libertad, incluyendo mujeres, menores de edad y personas mirantes, que manifestaron haber sufrido actos de tortura o malos tratos”.
Policías, principales señalados
De entre los principales actores responsables de cometer actos de tortura o malos tratos destacan los agentes policiales desde los federales hasta municipales: “en el caso de los migrantes, algunos también señalaron a las autoridades migratorias”. Los visitadores afirman que otras personas apelaron a la responsabilidad de integrantes del ejército.
Otro de los descubrimientos alude a que estos actos se llevan a cabo la mayoría de las veces en espacios donde no hay cámaras o en las inmediaciones de los centros de atención.
En el punto 15 del texto se lee: “El subcomité insta al Estado parte a redoblar sus esfuerzos para asegurar la plena aplicación en todas las recomendaciones formuladas por el subcomité en su anterior informe de visita”.
Asimismo, se da a conocer que la labor de los Ministerios Públicos no es la adecuada en la calificación del delito: “varias fuentes indicaron que exista una tendencia de los ministerios públicos a calificar actos de tortura como delitos de menor gravedad”.
Asevera que ni en los centros de detención, policías, jueces y tampoco fiscales previenen la tortura ni la detectan o documentan correctamente.
Para concluir, no es extraño que el contenido del documento no haya sido revelado por la SRE, pues el punto 17 del texto establece: “el presente informe tendrá carácter confidencial hasta que el Estado parte decida hacerlo público”.
