En dos de tres comisiones, senadores de PAN, PRD, PT y Morena rechazaron dar pase directo al dictamen de la Ley General de Comunicación Social, apodada “Ley Chayote”, para su votación en el pleno, pues sostuvieron que el proyecto debe modificarse.
Los opositores señalaron asimismo la negativa de los diputados y senadores del PRI y PVEM para escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, que, a través del hashtag #LeyChayote, han acusado que esta legislación mantiene el gasto millonario, arbitrario y opaco en publicidad oficial, para usos proselitistas por parte del gobierno federal, principalmente.
Este jueves, tras un debate de tres horas entre las comisiones unidas de Gobernación, Radio, Televisión y Cinematografía, y Estudios Legislativos Primera, el dictamen quedó en punto muerto, pues siete de los 14 integrantes de cada una de las primeras dos votaron en contra del proyecto, mientras que, en la tercera, la votación quedó dividida seis contra siete a favor.
Y es que los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) e independientes reclamaron que los del Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) pretendan avalar el dictamen, sin aceptar una sola de sus propuestas de modificación.
Presentarán mociones y reservas en rechazo
En este sentido, adelantaron que llevarán al pleno “mociones suspensivas”, así como de “votos particulares” y decenas de “reservas”, para expresar su rechazo al dictamen aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 10 de abril.
Ante esta situación, el independiente Manuel Cárdenas Fonseca propuso incluso que el Senado solicite a la SCJN ampliar el plazo para cumplir con la emisión de una ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución federal, a fin de que el dictamen sea discutido “a fondo”.
Debido a dicho empate en comisiones, la sesión fue levantada sin acuerdos y se indicó que las juntas directivas pedirán la intervención del presidente de la Cámara Alta, el panista Ernesto Cordero Arroyo, a fin de cumplir con el plazo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que vence el 30 de abril.
Editado por Luis Alberto Palacios
