Pese al rechazo de organizaciones no gubernamentales, por legalizar prácticas de “censura sutil”, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley General de Comunicación Social –“Ley Chayote”– para regular el gasto en propaganda oficial.
De acuerdo con el mandatario, esta nueva legislación establece normas para todos los entes públicos, a fin de que su gasto en “comunicación social” se ajuste a criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales establecidos por el Congreso de la Unión.
El pasado 26 abril, cuatro días antes de vencer el plazo fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Senado aprobó el dictamen final de la ley, que también faculta a la Secretaría de Gobernación (Segob) para administrar el gasto en publicidad gubernamental a través de un Padrón Nacional de Medios de Comunicación.
En tanto, indica que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se encargará de la revisión y fiscalización de los recursos públicos en materia de comunicación social
En oposición, el colectivo Medios Libres, que agrupa a más de 40 organizaciones de la sociedad civil, solicitó al mandatario hacer observaciones al nuevo ordenamiento, pues “no cumple con los estándares mínimos necesarios para cambiar el uso inapropiado de la publicidad oficial en México como herramienta para ejercer la censura sutil”.
La #LeyChayote vulnera la #LibertadDePrensa.
El colectivo #MediosLibres exige a @EPN no promulgarla, ya que permite que el gasto arbitrario y opaco en @PubliOficial continúe. pic.twitter.com/1dVyfeLIOx
— ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) May 3, 2018
Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humano en México consideró que el país perdió “una oportunidad histórica de corregir las malas prácticas que existen en torno a la asignación de la publicidad oficial en México”.
Editado por Luis Alberto Palacios
