El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 16 de la Constitución federal para eliminar la figura del arraigo, por lo que quedaría prohibido impedir que una persona sospechosa de algún ilícito saliera del país o su localidad.
Lo anterior, durante la sesión de este jueves, donde, por mayoría calificada de 327 votos a favor, fue turnado para revisión y aprobación del Senado el dictamen formulado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja, donde se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Carta Magna.
Dicho ordenamiento establece que “la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de 40 días” (aunque puede solicitarse que sea extendido a 80).
Lo anterior, bajo el supuesto de que el arraigo es “necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia”.
No obstante, en el dictamen aprobado, se asevera que el arraigo transitó de ser una medida cautelar ordinaria a una medida excepcional por la arbitrariedad que representa.
Violenta presunción de inocencia, alegan
En una de las tres iniciativas que dieron pie al dictamen, se alega que la figura del arraigo “violenta el principio de presunción de inocencia” cuando se aplica a una persona “sin tener elementos de investigación e indicios que hagan probable su participación en la comisión del delito”.
Agrega que “la utilización del arraigo implica un gran margen de discrecionalidad y conculca sistemáticamente derechos humanos: la libertad, la presunción de inocencia, la integridad personal y la administración de justicia; particularmente la publicidad del proceso”.
En este sentido, considera que, a poner bajo arraigo a un sospechoso, “se le está sancionando sin haber sido sometido a juicio y obtenido sentencia condenatoria”.
Asimismo, se indica que, desde ante de la adopción del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación “se había pronunciado sobre la absoluta y abierta anticonstitucionalidad de esta figura”.
Contra el arraigo también se han pronunciado múltiples organizaciones no gubernamentales, como la Oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU: “el arraigo también afecta a otros derechos, como el derecho a la integridad personal, al colocar a la persona en una posición de vulnerabilidad frente a órganos de seguridad y de procuración de justicia”.
Editado por Luis Alberto Palacios
Fuentes: El Financiero, El Diario MX, El Informador
