La Comisión de Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó, ante la Suprema Corte, una acción de inconstitucionalidad contra “diversos artículos” de la Ley de Seguridad Interior, pues “violan libertades básicas” y “afectan el equilibrio de los poderes” del Estado.
De acuerdo con la CNDH, la demanda, presentada en la tarde de este viernes en la oficialía de partes del máximo tribunal, y suscrita por el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, recoge los “planteamientos” y “opiniones” de las múltiples organizaciones civiles, activistas y expertos que se han pronunciado en contra de la ley a casi un mes de su promulgación.
En este sentido, a través de un comunicado de prensa, detalla que uno de los argumentos principales es que dicha legislación “desconoce” el artículo 21 de la Constitución federal, donde se establece que la seguridad pública corresponde a autoridades civiles, y pretende “sustraer de ese ámbito cualquier acción que se lleve a cabo al amparo de la LSI”.
La nueva ley, aprobada el 14 de diciembre en el Congreso de la Unión, también redefine y jerarquiza –advierte— “los conceptos de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, dejando de lado el contenido y tratamiento diferenciado que la Carta Magna hace de ellos”.
Asimismo, contraviene –añade– criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puesto que su puesta en marcha “plantearía la subordinación de las autoridades civiles a las militares”.
Con lo anterior, el organismo se suma a las demandas que San Pedro Cholula y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como 188 diputados federales y 44 senadores –quienes impugnaron la mayoría de los artículos– han presentado contra la LSI ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Posibilita uso “discrecional” de Fuerzas Armadas
Respecto a la aplicación de la ley, la CNDH advierte que posibilita el uso “discrecional” de las Fuerzas Armadas por parte del Ejecutivo, sin garantía de “transparencia y rendición de cuentas”.
De esta manera, el gobierno federal podría intervenir en las libertades y derechos de las personas, por causas que trascienden, “por mucho”, el combate a la inseguridad, argumentando motivos “imprecisos” como preservar el desarrollo nacional o el Estado de derecho.
Asimismo, desestima el argumento de que la LSI brinda “certeza a la población y a los miembros de las Fuerzas Armadas, sobre la actuación de estos últimos en tareas de apoyo a la seguridad pública”, pues “no reporta ningún beneficio directo ni a los particulares ni al personal militar que lleva a cabo acciones vinculadas a la seguridad de las personas”.
Buscamos fortalecer democracia y legalidad
Al finalizar su comunicado, el organismo reafirma que su objetivo es “la institucionalidad democrática y la legalidad en nuestro país”, por lo que rechaza que la acción de constitucionalidad que promueve tienda a que “atacar a las instituciones, inhibir la legítima actuación de las autoridades o debilitar el Estado de derecho”.
En este sentido, llama a “una revisión integral y un replanteamiento de las políticas públicas en materia de seguridad y justicia”, a fin de proporcionar “una respuesta real y efectiva a la problemática en ese ámbito”, respetando “la dignidad de las personas y al orden constitucional vigente”.
