El INAI interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte contra los artículos 9 y 31 de la recién promulgada Ley de Seguridad Interior (LSI), pues “vulneran” los derechos de acceso a la información y protección de datos, así como su autonomía.
Por unanimidad, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó que, al establecer que “la información que se genere con motivo de la aplicación de la Ley, será considerada de Seguridad Nacional”, el artículo 9 generará una excepción indebida al acceso de la información.
Este ordenamiento –señaló– impone límites al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información “sin criterio de razonabilidad alguno” y establece una reserva automática de la información.
En tanto, advirtió que el artículo 31, que ordena a las autoridades federales y órganos autónomos “proporcionar la información que les requieran las autoridades que intervengan en los términos de la presente Ley”, restringe el ejercicio de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de datos personales.
Asimismo, remarcó que dicho artículo no garantiza la transparencia de las instituciones encargadas de la seguridad interior y, por su ambigüedad, “vulneraría el ejercicio autónomo de las facultades encomendadas al INAI”.
Con base en lo anterior, Francisco Javier Acuña, presidente del INAI, exhortó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a promover acciones similares ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por “el conjunto de derechos fundamentales que pudieran verse lesionados o en conflicto” por la LSI
Editado por Luis Alberto Palacios
