El país, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) documentó 8 mil 904 asesinatos de mujeres de 2014 a 2017, sólo 2 mil 188 casos fueron investigados como feminicidio, es decir únicamente el 24.5 por ciento.
En su estudio “Implementación del tipo penal de feminicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017” se evidencia cómo la prevalencia de la impunidad es un aliciente para la continuidad, incremento y agudización de dicho delito.
De acuerdo con la investigación, a través del análisis de 14 casos, se evidencia la ruta y lo que implica para las víctimas y sus familias el sello de la impunidad. A ello se suma que los feminicidas no son investigados sino que incluso son considerados como víctimas y que las investigaciones en su contra se inician por el delito el homicidio culposo y no por feminicidio.
Se identificó que durante 2014 a 2017 de los feminicidios analizados, la mayoría de las mujeres víctimas tenían de 21 a 30 años de edad, es decir, se encontraban en edad reproductiva.
Las mujeres fueron asesinadas a través de diversos métodos que las privaron de la vida, desde: golpes, estrangulamientos, asfixia, quemaduras, envenenamientos, heridas mutilantes y arma de fuego y fueron encontradas en espacios públicos como: carreteras, terrenos baldíos, hoteles, bares, hospitales, restaurantes, entre otros.
En el periodo analizado el 30 por ciento de las mujeres víctimas de feminicidio fueron encontradas en su casa habitación.
De igual forma se identificó que los estados que no cuentan con Protocolos de actuación para la investigación del delito de feminicidio son: Baja California Sur, Durango, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas y Tlaxcala).
Por su parte el resto de los 26 estados a pesar de contar con protocolos, no todos incorporan en ellos los estándares de debida diligencia y perspectiva de género establecidos en las sentencias de Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y Mariana Lima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
