Durante 2017, los Congresos de 25 entidades federativas destinaron mil 195 millones de pesos en tareas ajenas a atribuciones parlamentarias, como las ayudas sociales, de los cuales no es posible conocer cómo se asignaron y manejaron.
Así lo dio a conocer el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y su “Informe Legislativo 2018”, que precisó que las ayudas sociales son definidas como las asignaciones que los entes públicos otorgan a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.
Más que una tarea parlamentaria, esta función es propia de una secretaría de desarrollo social. No obstante, año con año los Congresos de las entidades federativas registran gastos por este concepto sin que además rindan cuentas claras de ello.
Pues no es posible conocer quiénes fueron los beneficiados, quiénes los ejecutores, ni bajo qué reglas de asignación y operación se manejaron.
Según el estudio de las 29 legislaciones, que reportan oportunamente el ejercicio de su gasto, sólo cuatro no registraron erogaciones en ayudas sociales y seis de ellas destinaron menos del 5 por ciento para dicho propósito.
Los que más gasta en “ayuda social”
La Asamblea Legislativa y el Congreso del Estado de México fueron los órganos legislativos que más recursos ejercieron en ayudas sociales, 576 millones de pesos en total.
Mientas que San Luis Potosí, Hidalgo, Aguascalientes, Baja California Sur y Tlaxcala sumaron entre ellos 559 millones de pesos en el mismo concepto durante 2017.
El IMCO indicó que al menos desde 2008, los diputados locales del Estado de México aprueban anualmente en el presupuesto de egresos del estado el Programa de Apoyo a la Comunidad por una cantidad de 187.5 millones de pesos que ejercen los legisladores para la atención de demandas ciudadanas.
