El presidente electo López Obrador, sus seguidores, sus simpatizantes y sus acreedores políticos no se han percatado que han ingresado al territorio de la realidad institucional y que ahí la racionalidad tiene sus reglas, sus muy estrictas reglas.
La reforma educativa del gobierno del presidente Peña Nieto, a pesar de sus enormes deficiencias y limitaciones, todavía no se ha derrumbado; el proceso para su abrogación tiene condicionantes constitucionales: la reforma en el legislativo con el voto de mayoría calificada de dos terceras partes de legisladores, el 67 por ciento.
Como la mayoría lopezobradorista es de 61% en el Senado y 54 por ciento en la Cámara de Diputados, el faltante –7 y 13 puntos, respectivamente– sólo podría venir de priístas peñistas que habría de cumplir el pacto secreto del presidente electo López Obrador con el presidente emérito Peña Nieto.
La reforma constitucional educativa fue promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, un día antes del arresto de la maestra Elba Esther Gordillo por acusaciones de dinero, y entró en vigor justo el día de la aprehensión de la presidenta del sindicato de maestros.
El anuncio oficial de la abrogación de la reforma educativa hecho por el presidente electo ocurrió, también en esas ironías de la política, el día en que la maestra Gordillo organizó una reunión con la prensa para anunciar su regreso a la política educativa: el pasado lunes 20 de agosto.
Pero en el terreno de la real politik, el “derrumbe” de la reforma educativa tiene que pasar por el Congreso. La reforma constitucional de febrero de 2013, producto del Pacto por México y que la maestra Gordillo avaló, requerirá reformas fracciones a los artículos 3º y 73 constitucionales.
El punto clave de esa reforma fue la evaluación educativa de maestros que terminó con el desorden, tráfico y venta de plazas magisteriales y el tránsito de los maestros de peones políticos del poder a profesionales de la educación pública. Asimismo, la reforma estableció un mecanismo que ha funcionado bien en las universidades: plazas por “concursos de oposición” entre aspirantes, para contratar a los mejores.
Por tanto, la abrogación implicaría regresar al viejo estado de cosas que convertían al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en un aparato de poder por contratación de profesores para militancia política y no en un gremio de maestros educadores. Si regresar al SNTE político es el objetivo de López Obrador-Elba Esther Gordillo, entonces el nuevo gobierno no quiere maestros para la educación, sino bases militantes de Morena.
La única forma que tiene López Obrador para “derrumbar” la reforma educativa del 2013 se localiza en garantizar la mayoría calificada en el Congreso; y para ello no tiene más camino que “convencer” a diputados priístas peñistas que voten para anular la reforma estrella de Peña Nieto.
Y el único espacio que tiene López Obrador en su reforma educativa estaría en la definición de los contenidos de la educación, porque la reforma constitucional sólo habla de la atribución exclusiva del ejecutivo en esa materia. Ahí podría atar la educación pública al modelo ideológico de Morena.
El que quedó atrapado en los juegos de poderes fue el secretario designado de Educación lopezobradorista, Esteban Moctezuma Barragán (ex subsecretario de Educación del gobierno priísta de Zedillo), porque tendrá que ser el operador del regreso de la rectoría de la educación al SNTE de la maestra Gordillo.
Política para dummies: La política es toda ilusiones, pero se mueve en el territorio de la realidad cruel e implacable.
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· Como se esperaba, el PRI optó por Peña Nieto y refrendó la presidencia de Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari hasta mediados de 2019. Es decir, Peña Nieto seguirá controlando el PRI desde su cargo de ex presidente.
· En los pasillos del poder se habla que el pacto de impunidad Peña Nieto- AMLO pasará por la reclasificación de delitos del exgobernador veracruzano Javier Duarte, uno de los principales aliados del gobierno de Peña Nieto.
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