Cartas a Gracia
Te comenté que la pasada sería la última carta que te escribiría en la que Otto fuese el referente principal pero debo reconsiderar Gracia, pues el encargado del despacho educativo de la administración de Peña Nieto, se salió por la tangente al responder los cuestionamientos planteados por Silvano, titular del ejecutivo del Estado de Michoacán, con epítetos y descalificaciones. Vale la pena recordar que Silvano envió sendos oficios a las secretarías de Hacienda y de Educación Pública y con ellos inició un proceso para concluir con los convenios FAEB y FONE -suscritos en 1992 y en 2014, respectivamente- y consecuentemente, proceder, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, con la entrega a la federación de los servicios educativos que se prestan en la entidad.
Probablemente Otto, otrora gobernador de Aguascalientes y suscriptor del FAEB hable por su propia experiencia cuando señala que sus excongéneres son culpables de su propia desgracia, que se despacharon con la cuchara grande y usaron recursos federales para financiar el pago de la nómina estatal, la construcción de infraestructura educativa o los destinaran a fines personales y, que a pesar de todo el dolor de su corazón, hubiese autorizado que fondos destinados a programas especiales y economías de FAEB, se aplicaran provisionalmente a otros fines distintos de los educativos mientras les radicaban el resto de las participaciones federales que les correspondían y que, por el mismo motivo, hubiese incumplido con la transferencia de las cuotas de la seguridad social de las y los trabajadores de la educación al servicio del estado y se hubiese retenido el impuesto sobre la renta; sin embargo, independientemente de las raterías que los titulares de los ejecutivos locales hubiesen cometido y que tendrían que denunciarse ante los órganos de procuración de justicia, es innegable -por más que Otto lo ignore- que en el fondo de la cuestión se encuentran por un lado las obligaciones contractuales y laborales transferidas por la federación a las entidades por encima de las posibilidades de cumplimiento, adeudos por “el desconocimiento de guiones presupuestales pactados con anterioridad verbigracia”y por otro, un acuerdo de coordinación fiscal agotado que requiere una operación de urgencia que le actualice. A ellas habría que sumarle las obligaciones pactadas en acuerdos cupulares sostenidos entre la SEP, la Secretaría de Gobernación y el CNTE, suscritas a formalmente entre autoridades locales y la organización instancias de Bucarelli, pero de las que se marginara aunque representantes de la federación destinaran en primera instancia, recursos extraordinarios “reservados a prestaciones y pagos adicionales” no son regularizables para los ejercicios fiscales subsecuentes y que fueron deteriorando las finanzas públicas de los gobiernos locales.
Como te comenté Gracia, a la debacle de la finanzas locales que afecta a 18 entidades de la República, contribuyen, entre otras cuestiones, un monto de inversión a la educación destinada por el Estado equivalente al 5.4 por ciento del Producto Interno Bruto, cantidad 2.8 por ciento menor al que establece el artículo 25 de la Ley General de Educación, insuficiente para incrementar de manera justa las remuneraciones de las y los trabajadores de la educación no homologados y las de aquellos que cuentan con una plaza inicial de 20 horas adscrita a educación primaria, o las de aquellos muchos egresados de universidades públicas y/o privadas, que laboran por horas en secundaria y en media superior. Si no alcanza para salarios justos, menos para el incremento de los fondos destinados a la formación continua de las y los docentes y los dedicados al mantenimiento y reparación de los vetustos edificios escolares.
Al deterioro contribuye, también, aunque de manera marginal, la exigua inversión en Investigación, Ciencia y Tecnología (-0.45 por ciento del PIB nacional).
La transferencia de los servicios educativos federalizados tuvo la perversa intención -plasmada en el Acuerdo Nacional- de achicar la inversión federal en educación e incrementar las aportaciones de la entidades, sin considerar que los ingresos de los últimos mencionados no crecían en la misma proporción que sus nuevas obligaciones, razón que les tornaba más dependientes de la federación vinculada con el incremento de sus responsabilidades, que se cubrían mediante recursos extraordinarios de “apoyo a cierres” primero y un fondo de compensación después, al capricho del titular de Hacienda y de la negociación política. Ninguno de los fondos tuvo el carácter de regularizable a pesar de su recurrencia anual. Al tiempo en el que paulatinamente se incumplía con la promesa federal de dotar a las entidades con los recursos suficientes para atender la demanda de servicios del sector educativo sin importar su origen, se incrementaba el costo del servicio educativo, la pauperización de los gobiernos estatales y la presión de las organizaciones gremiales para obtener el pago de salarios, bonos y prestaciones logradas al fragor de acuerdos políticos.
Por si fuera poco Gracia, la distribución de los recursos del FAEB, a partir de la fórmula Nuevo León, transfirió recursos por más de 52 248 mdp de 18 entidades -entre ellas las más pobres- a favor de 10 que se encuentran en mejor situación (exceptuando al Distrito Federal) afectando en mayor proporción a Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, quienes padecen los déficits más elevados. Destacan Michoacán y Veracruz con poco menos 5 000 y 8 000 mdp anuales respectivamente; pero, y a menos de que alguien quiera que todos truenen y las entidades vivan bajo un insurrección magisterial, el gobierno federal entrante deberá fijar nuevas reglas del juego en las que reconozcan las regresiones financieras y los adeudos de los que es responsable la federación e incluyan un trato preferencial otorgando “recursos relativamente” mayores para la entidades con “limitaciones y carencias más acusadas”.
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