Aunque se aprobó en comisiones unidas quitar 84 basificaciones otorgadas por el ayuntamiento pasado, en sesión ordinaria de Cabildo se facultó –con posturas encontradas— a la Contraloría y la Secretaría de Administración para que determinen si fue legal el nombramiento.
Lo anterior, a propuesta de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco quien manifestó que ambas dependencias tomen en consideración la información obtenida por las comisiones y, con base a ello se tome una resolución, lo cual ocasionó un debate de 2 horas entre regidores del PAN, PRI y de la coalición de Juntos Haremos Historia.
La presidenta municipal manifestó que esta enmienda no es para ir en contra de los trabajadores que obtuvieron una plaza, sino para fincar responsabilidades en contra de los exfuncionarios que actuaron de manera ilegal al avalar las 84 plazas, en caso de que haya sido.
Indicó que existen elementos para cuestionar el otorgamiento de las basificaciones, por lo que el actuar de los responsables debe sujetarse a lo señalado en la norma jurídica, y ante ello es obligación del ayuntamiento promover un control de la legalidad que permita corregir errores y vicios, pues el Cabildo poblano no es la instancia correspondiente para tomar una decisión al respecto.
Por mayoría de votos, en sesión ordinaria de Cabildo se aprueba, a petición de la alcaldesa Claudia @RiveraVivanco, que la Contraloría y la Secretaría de Administración sean las que determinen si las 84 basificaciones fueron otorgadas de manera legal o no || @angulosiete pic.twitter.com/SeyZk878g9
— €ddii¥ (@Edd_Eddiiy) December 17, 2018
Rivera propuso nuevo análisis de basificaciones
“En comisiones unidas han puesto en estado de resolución el tema que tratamos, con el fin de encontrar una resolución satisfactoria de un hecho que corresponde a otra administración, pero que nos hemos comprometido a resolver favorablemente”, pronunció.
Rivera Vivanco aseveró que “con esta enmienda” se busca determinar que sea por la vía administrativa y jurídica como se resuelva la controversia generada por este tema, por lo que incluso hizo un llamado a los regidores a marcar distinta con las prácticas de la “vieja política”, pues el ayuntamiento de Puebla “debe dejar bien claro” que nadie está por encima de la ley.
En su turno, la concejal priista, Silvia Tanús Osorio, aplaudió la decisión tomada por la morenista, ya que indicó que desde un principio se dijo que “era un tema delicado”, ya que el otorgamiento no fue ilegal, aunque si podría haber trabajadores que no cumplen con los requisitos.
No debe ser por revanchismo: Tanús
Y es que, dijo, no es justo que se le retire las plazas a trabajadores que llevan más de 6 años laborando en la administración municipal, por lo que solicitó que solo sean analizadas a los que se les entregaron a personal de poco tiempo laborando.
Asimismo, cuestionó si al sindicato Benito Juárez, también se le va a juzgar por avalar las 84 bases, “si estamos haciendo esto por revanchismo, la presidenta está dando una muestra de lo que se debe hacer cuando se es gobierno, yo estoy de acuerdo con la propuesta de anteponer el bienestar de los empleados de quienes si se ganaron una plaza con su trabajo y esfuerzo de varios años”.
En su turno, el regidor morenista, Roberto Eli Esponda Islas, se manifestó en contra de la propuesta al manifestar que no se podría avalar que haya trabajadores que fueron sindicalizados y que en el proceso electoral fueron operadores de campaña del Partido Acción Nacional (PAN), o en su caso son aviadores.
Medida no fue bien vista
En su intervención, su homólogo José Luis González Acosta, quien encabezó las mesas para analizas las basificaciones, si bien dijo que el proceso fue irregular y viciado de origen, se pronunció a favor de la propuesta, con el fin de agotar todos los procedimientos.
Con esto se echó abajó el dictamen generado por las comisiones de Desarrollo Económico, Competitividad y Trabajo, Transitoria, y Patrimonio y Hacienda Pública, lo cual fue aprobado por 19 votos a favor, dos abstenciones y dos votos en contra.
En tanto, la Contraloría Municipal y la Secretaría de Administración las que emitirán la resolución final, y en su caso si se detectan responsabilidades por los servidores públicos se les fincará el proceso debido, mientras que las bases, de encontrarse que no cumplan con el procedimiento se turnarán al Tribunal de Arbitraje.
