Tras 4 años, CNDH acredita agravios y errores en caso Ayotzinapa
Tras 4 años, CNDH acredita agravios y errores en caso Ayotzinapa. Foto: CNDH
Tras 4 años, CNDH acredita agravios y errores en caso Ayotzinapa
Tras 4 años, CNDH acredita agravios y errores en caso Ayotzinapa. Foto: CNDH

A cuatro años del crimen y sólo tres días antes del fin de sexenio, la CNDH acreditó violaciones a derechos humanos, omisiones y errores de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Guerrero al investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Lo anterior, a través de la recomendación 15VG/2018, dirigida a 16 autoridades de los tres órdenes de gobierno, incluido el propio Peña Nieto, y publicada este miércoles en conferencia de prensa, donde el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, expuso a grandes rasgos los puntos principales del documento.

De acuerdo con la investigación paralela al caso, que el organismo empezó a integrar desde el día de los hechos, el 27 de septiembre de 2014, y que hoy suma un millón de páginas, antes, durante y tras los hechos, autoridades de los tres niveles de gobierno violaron los derechos a la vida, al acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación integral del daño y a la salud de al menos 685 víctimas directas e indirectas.

Entre los agravios, destaca la existencia de los vínculos entre funcionarios públicos y criminales, que dan cuenta de una “penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno”, la cual derivó en las omisiones y acciones institucionales que permitieron la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, conocida como Ayotzinapa.

Esta relación entre gobierno y criminales, que incluso había sido denunciada antes de la noche de Iguala, así como la tolerancia de las autoridades ante la desaparición de los normalistas, “no se ha investigado”.

En Cocula, al menos 19 incinerados, afirma

Respecto a la llamada “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR), la CNDH afirmó que en el basurero de Cocula, donde la dependencia sostiene que fueron quemados los cadáveres de los 43 normalistas, hay indicios de al menos 19 incinerados.

En ese sentido, calificó como “indebida” y “poco profesional” la diligencia de la PGR en la zona de Cocula y el río San Juan para recuperar restos óseos, por lo que uno de los responsables es el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón De Lucio.

Asimismo, señaló que esta dependencia cayó en contradicciones al asegurar, primero, que los alumnos iban a “boicotear un evento del DIF de iguala”, y después decir que su intención era “tomar autobuses”.

En cuanto a los detenidos como presuntos responsables, acreditó que 70 de ellos fueron sometidos torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, por lo que incluso varios de ellos fueron liberados o se ordenó reponerles el proceso penal.

Pese a que las recomendaciones se remitieron principalmente a autoridades del gobierno de Peña Nieto, el ombudsman nacional reconoció que será tarea de la administración entrante, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, cumplirlas y dar certeza a las víctimas.

Editado por Luis Alberto Palacios