El senador morenista Santana Armando Guadiana Tijerina urgió a los gobiernos de Puebla y otras cinco entidades, que concentran la mayoría de los casos de robo de gas LP, prevenir este delito y la extorsión a repartidores por parte de policías estatales y municipales.
Lo anterior, a través de una propuesta de punto de acuerdo presentada al pleno de la Cámara Alta, donde señaló que, por este ilícito, la Asociación de Distribuidores de Gas LP reportó, al cierre de agosto pasado, pérdidas de 8 mil millones de pesos en por lo menos 17 rutas de reparto en el país.
Pese al el reforzamiento de retenes e inspecciones al transporte de gas, especialmente a pipas, las bandas dedicadas al robo de este combustible —indica— afectan principalmente a pequeñas y medianas empresas que abastecen a zonas rurales o comunidades indígenas.
Esta situación —sostiene— genera “desabasto”, “incrementa el precio debido al monopolio” de algunas empresas y “pérdidas de empleos que rondan entre los 14 mil directos y 50 mil indirectos, así como la “pérdida económica de las empresas por el robo de vehículos”.
Por lo anterior, el senador considera que los gobiernos de Puebla, Estado de México, Veracruz, Tlaxcala, Querétaro e Hidalgo deben reforzar la vigilancia de las rutas de distribución del gas LP.
También pide libre circulación
No obstante, también señala la necesidad de garantizar la libre circulación de los vehículos de empresas repartidoras legalmente establecidas, pues hay casos en los que el origen y el volumen de su producto no son reconocidos por policías de los tres órdenes de gobierno, a causa de la falta de una acreditación oficial.
Y es que –refiere– ni la carta porte expedida por Petróleos Mexicanos (Pemex) ni la factura electrónica generada por la empresa distribuidora son suficientes para que las autoridades tengan certeza de la legalidad del gas transportado.
En consecuencia, los uniformados terminan por detener y presentar ante las fiscalías vehículos y tripulaciones de empresas que operan legalmente, e incluso extorsionan a estas para evitar acciones penales y mayores pérdidas económicas.
Ante este problema, plantea que el Senado envíe un exhorto a la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, Pemex y la Policía Federal para que, en coordinación con las Asociaciones Distribuidoras de Gas LP, establezcan una identificación de la procedencia del hidrocarburo, que garantice la legalidad de posesión del producto y el libre tránsito de las empresas distribuidoras.
En tanto, indicó que esta soberanía debe pedir a los gobiernos de dichas entidades garantizar la libre circulación de los vehículos de distribución de gas L.P para prevenir la extorsión por parte de las autoridades de seguridad pública.
