Las malas condiciones en los Ceresos de Puebla persisten, pues el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) solicitó al gobierno mejorar el trato de las personas privadas de la libertad en cuatro Ceresos ubicados en Acatlán, Libres, San Pedro Cholula y Tepeaca.
El MNPT, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dirigió su Informe de Supervisión ISP-9/2018 al gobernador Antonio Gali Fayad, y a los ediles de Acatlán de Osorio, María del Carmen Nava Martínez; Libres, Francisco Xavier Rodríguez Rivero; San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila y Tepeaca, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
De acuerdo con dicho informe, en esos centros se reportó autogobierno; falta de instalaciones, mantenimiento e higiene en las existentes; presencia de fauna nociva; inexistencia de áreas para mujeres; ocupación de los cuatro centros por encima de la capacidad instalada; deficiencias en la alimentación; irregularidades en la aplicación de medidas disciplinarias; inexistencia de actividades laborales remuneradas; sin actividades educativas y deportivas; así como falta de reglamento y de protocolos de actuación en caso de incidentes violentos.
Respecto al personal en los centro hay deficiencias en la atención, falta de capacitación, insuficiente para las áreas de seguridad y custodia, así como carecen de supervisión por parte de la autoridad inmediata superior.
Hacinamiento, internos “policías” y sin protocolos
Los cuatro centros administrados por municipios son los e Reinserción Social (Ceresos) Distritales de Acatlán de Osorio, Libres y Tepeaca (al cual la CNDH también le hizo observaciones), mientras que el San Pedro Cholula es regional; en todos observó que las personas privadas de la libertad se inconformaron por la alimentación, ya que solo reciben dos alimentos al día o en su defecto les otorgan 150 pesos mensuales por persona, para que adquieran su despensa y preparen su comida.
También, falta de higiene en los dormitorios y en las instalaciones; camas improvisadas y en algunos casos las personas internas duermen en el suelo; falta de agua; drenaje obstruido; humedad en techos y paredes; ocupación por encima de la capacidad instalada y hacinamiento, irregularidades que afectan la calidad de vida de las personas privadas de la libertad, ya que menoscaban el respeto a la dignidad humana y constituyen formas de maltrato.
El informe destaca la situación de personas sancionadas con medidas disciplinarias que van de los seis, ocho, diez meses y hasta un año de castigo; insuficiencia de actividades educativas y deportivas por falta de personal técnico, de seguridad y custodia; inexistencia de actividades laborales remuneradas; internos que ejercen funciones de autoridad; insuficiente personal de seguridad y custodia, y falta de protocolos de actuación en caso de incidentes violentos, así como de programas para su prevención y atención.
Es importante señalar que dichos centros no cuentan con los requerimientos necesarios de seguridad e infraestructura para personas con calidad de procesados o sentenciados.
Pide espacios adecuados y privilegiar salud
Por ello, el MNPT recomendó a la administración estatal y a los municipios de Acatlán de Osorio, Libres, San Pedro Cholula y Tepeaca garantizar que todas las personas privadas de la libertad cuenten con los espacios adecuados para cocinar y recibir alimentos cuyo valor nutritivo y cantidad sea suficiente para el mantenimiento de su salud.
Así como se suministre regularmente agua potable; realizar una evaluación sobre el equipamiento de las instalaciones y la construcción de los espacios que reúnan las condiciones de habitabilidad que permitan a las personas privadas de la libertad tener estancia digna.
Asimismo, diseñar una política penitenciaria encaminada a mejorar el sistema y la infraestructura con enfoque de género; distribución equitativa que evite áreas con hacinamiento; capacitar al personal y realizar una evaluación sobre los requerimientos de los centros visitados, para que todas las personas privadas de la libertad tengan acceso a las actividades de carácter deportivo, educativo, laboral y de capacitación necesarias.
Finalmente, implementar programas para prevenir situaciones de peligro, emergencia o eventos violentos; asignar el número de elementos de seguridad suficiente para su correcto funcionamiento y que las personas privadas de la libertad procesadas y sentenciadas que se encuentren en esos centros sean trasladadas a la brevedad a los establecimientos penitenciarios estatales más cercanos a su domicilio.
