Por violaciones graves a derechos humanos por actos de tortura, detenciones arbitrarias y cateos ilegales contra 28 personas, tres de estas menores de edad, la CNDH emitió una recomendación a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Michoacán y al municipio de Tepeaca.
Se trata de casos de violaciones graves a derechos humanos ocurridos entre 2012 y 2016 en la Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Sinaloa, Puebla, Guerrero y Jalisco, atribuibles a elementos de las policías Federal (PF) y de Tepeaca, Puebla.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la recomendación 13VG/2018 al titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, y al ayuntamiento de Tepeaca, Puebla, por violaciones graves a derechos humanos en 24 casos de tortura, 23 retenciones ilegales y siete cateos ilegales; tres de las víctimas eran niñas menores de edad.
Los hechos ocurrieron en siete entidades federativas del país: la Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Sinaloa, Puebla, Guerrero y Jalisco, y fueron atribuibles a elementos de la Policía Federal (PF) y de la policía municipal de Tepeaca, Puebla.
Por otra parte, la recomendación también se dirigió a los titulares de la CNS y del ayuntamiento de Tepeaca, ahora al frente de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, así como del gobierno del estado de Michoacán (Silvano Aureoles Conejo, desde 2015) por inadecuadas certificaciones médicas o irregulares en agravio de 14 personas, y a la PGR por irregularidades de agentes del Ministerio Público en agravio de tres personas.
7 casos en Tepeaca
Entre el 8 de abril de 2012 y el 6 de febrero de 2016, la CNDH recibió diferentes quejas presentadas de manera individual por familiares, defensores públicos y las víctimas, con las cuales se integraron 14 expedientes por presuntas violaciones a derechos humanos contra 28 personas, de las cuales tres eran niñas menores de edad.
Por economía procedimental, indicó el organismo nacional, concentró los 14 expedientes para emitir una sola recomendación, ya que acreditó violaciones graves a los derechos humanos por la transgresión a la integridad personal contra 27 personas, de las cuales 24 fueron torturadas y tres recibieron tratos crueles, hechos que fueron atribuibles a elementos de la Policía Federal y en siete casos a la policía del ayuntamiento de Tepeaca.
De igual manera, constató que se violaron los derechos humanos a la libertad personal, por detención arbitraria y/o por retención ilegal o dilación en la inmediata puesta a disposición de la autoridad ministerial de 23 personas en siete entidades federativas.
La CNDH acreditó que 14 de esas 23 detenciones fueron motivadas en supuesta flagrancia o en una orden de localización y presentación, pero en ningún caso se contó con una orden de aprehensión; siete personas más fueron violentadas en su derecho a la inviolabilidad del domicilio, pues sus detenciones se llevaron a cabo en sus viviendas sin contar con orden de cateo alguna por elementos de la Policía Federal.
Sin garantizar acceso a la justicia
La CNDH también acreditó violaciones que, aunque no fueron consideradas como graves, transgredieron el derecho al acceso a la justicia en la modalidad de procuración de justicia y derecho a la verdad en agravio de 14 víctimas, en Puebla, Michoacán, Estado de México y Sinaloa, por expedición de certificados médicos por personal de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de estado de Michoacán, de Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) y de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Tepeaca, Puebla, los cuales resultaron deficientes e incongruentes en la documentación e investigación de la tortura.
En esta violación se incluye que agentes del Ministerio Público Federal no dieron fe de la integridad física adecuadamente, no certificaron lesiones, omitieron iniciar averiguación previa ante la denuncia de tortura y no recibieron denuncia ni llevaron a cabo la puesta a disposición para el inicio del término constitucional.
Resultado de lo anterior, la CNDH emitió esta recomendación en que solicita a las autoridades destinatarias que reparen el daño a las víctimas transgredidas conforme a la Ley General de Víctimas, e inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas, para que accedan, en lo conducente, al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
También, colaborar en todas las carpetas de investigación y procedimientos administrativos que se inicien con motivo de las quejas y denuncias que la CNDH presente ante las autoridades correspondientes contra personal del servicio público señalado como responsable; capacitar a todo el personal médico de los Ceferesos adscritos a la CNS, personal médico de PGR, PGJ de Michoacán, dirección de Seguridad de Tepeaca y agentes del MPF para que conozcan sus obligaciones en las certificaciones del estado físico y dictámenes de lesiones de toda persona y cómo actuar cuando haya presencia o indicios de tortura.