Entre el jueves y el viernes, se reportaron los asesinatos de Julián Carrillo, en Chihuahua, y Noel Carrillo Aguilar, en Oaxaca; el primero era activista por la protección de tierras rarámuris y el segundo defendía playas y territorios de la costa oaxaqueña.
En respuesta, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Organización de las Naciones Unidades (ONU) condenaron las agresiones a los defensores y exigieron al Estado mexicano esclarecer los homicidios, sin descartar que estén vinculados con el activismo agrario de las víctimas.
El jueves, se reportó que, en la noche del 24 de octubre, Julián, quien desde 2014 había denunciado el despojo de tierras de su comunidad por terratenientes ligados al narcotráfico, fue perseguido y asesinado a balazos.
Un día después, la CNDH dio a conocer que Carrillo Aguilar, integrante del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi), también había sido ultimado con arma de fuego el jueves en la localidad de Barra de la Cruz, en Oaxaca.
El organismo resaltó que este crimen “se suma a una serie de agresiones contra otros integrantes de la Codedi registrados en los últimos años”, por lo que demandó al gobierno federal y la Fiscalía oaxaqueña medidas de protección para la familia de Carrillo Aguilar y sus compañeros activistas.
Editado por Luis Alberto Palacios
