El estado de Puebla es uno de los 22 que carecen de su respectiva ley para salvaguardar la integridad de las personas defensoras de derechos humanos, en tanto que la FGE es una de las que menos cumple con responder solicitudes de información pública.
Así lo dio a conocer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con base en su “Estudio sobre el cumplimiento de los pronunciamientos de la CNDH en materia de agresiones a personas defensoras de derechos humanos”, el cual sistematiza datos del 2001 al 2017.
De acuerdo con el organismo, además de Puebla, están faltos de dicha ley son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Estados de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
De estas entidades, las que tienen más registros de homicidios de personas defensoras civiles de derechos humanos son Chihuahua, con 13 casos; Guerrero, con seis y Oaxaca, con cinco, por lo que la CNDH urgió intensificar esfuerzos para proteger a esas personas.
Cumplimiento desigual de recomendaciones
Respecto al grado de cumplimiento de la Recomendación General 25/2016, se detectó que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla se encuentra también entre las 21 entidades con menos porcentaje de respuesta a solicitudes de transparencia:
En contraste, la Secretaría General de Gobierno (SGG) reportó un cumplimento de más del 70 por ciento:
Así, en cuanto al índice general de cumplimiento por estados, Puebla se encuentra entre las 16 entidades con una calificación satisfactoria:
Urgen políticas públicas
De acuerdo con el quinto visitador general, Édgar Corzo Sosa, para abatir los altos índices de impunidad tras agresiones y homicidios contra defensores de derechos humanos, los gobiernos federal y estatales deben investigar adecuadamente, así como aplicar políticas que permitan prevenir esta situaciones.
En este sentido, destacó que el estudio contiene propuestas para que quienes se dedican a la protección, promoción y defensa de los derechos de las personas ejerzan su actividad con los estándares mínimos de seguridad previstos en los tratados e instrumentos internacionales.
Asimismo, precisó que el trabajo fue realizado conjuntamente por la CNDH y la UNAM, analizando las respuestas de autoridades al “Informe Especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos en México”, publicado en 2011, así como a la Recomendación General 25 sobre agresiones a personas defensoras de derechos humanos, emitida en febrero de 2016.
