El Congreso local alista la revocación de la privatización del agua mediante una reforma constitucional que prohíba la concesión del servicio en los municipios, lo cual obligaría al ayuntamiento de la capital a revertir la que se otorgó a Agua de Puebla en 2014.
En sesión pública de este lunes, se propuso modificar la fracción 6 del artículo 12 de la Constitución para fijar que el estado deberá “proteger el derecho que toda persona tiene al agua en forma suficiente, salubre y asequible”.
En seguida, se agregaría un párrafo que asiente que “la gestión del servicio será pública y sin fines de lucro”, además de que se pretende prohibir legalmente las concesiones.
En el 104, que indica que los servicios públicos pueden ser concesionados por los ayuntamientos, se pretende que, en su fracción 3, se excluya de esa facultad al agua, el alcantarillado y la seguridad pública.
De esta manera, se fijaría en la Constitución local que ningún ayuntamiento podría concesionar a un particular la administración del agua en el futuro y facilitaría la revocación de las que se encuentren vigentes.
La iniciativa de ley fue presentada por el diputado del Partido del Trabajo (PT) José Juan Espinosa Torres y fue turnada a la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis, con la intención de que si se aprueba, la próxima alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, ordene la rescisión del contrato con Agua de Puebla.
Requiere apoyo de otros partidos
Por ser una reforma constitucional, se requieren dos terceras partes del Congreso para aprobarse, es decir, 28 votos, pero la coalición Juntos Haremos Historia solo reúne 22, así que necesitará conseguir los de otras fuerzas políticas.
Durante la sesión, la diputada del PES, Nora Yessica Merino Escamilla, presentó un punto de acuerdo para exhortar al gobierno estatal, la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a que cumplan las recomendaciones de la Conavim para frenar los feminicidios en Puebla.
Por su parte, Gabriel Biestro Medinilla, presidente del Congreso, anunció que la próxima semana la fracción de Morena presentará su plan de austeridad, que pretende reducir por lo menos en 50 por ciento el presupuesto de los tres poderes.
También se proyecta incluir al Instituto Electoral del Estado (IEE) y el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), cuyos titulares serán llamados a comparecer en los próximos días por su probable participación en el “fraude electoral”.
Sobre la reforma al artículo 16 de la Ley Orgánica de la FGE, que a diez días de su aprobación no ha entrado en vigor por falta del aval del gobernador Antonio Gali Fayad, Biestro Medinilla señaló en entrevista que el gobierno estatal no ha informado si la va a vetar, pero adelantó que si eso ocurre los diputados volverán a presentarla.
“De manera mañosa, el gobernador quiere frenar el trabajo que se está haciendo en el Legislativo y no lo podemos permitir. No podemos estar en un veto eterno, pero podemos brincarlo; después del tercero, mandamos la iniciativa y ya no aplica el veto”, aseguró.
