Defensores de las víctimas del operativo en 2017 en Palmarito Tochapan exigieron al gobernador Antonio Gali Fayad, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la PGR cumplir con la recomendación de la CNDH tras acreditarse que hubo ejecuciones extrajudiciales.
La abogada Mónica Roldán Reyes denunció este domingo que antes del pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ninguna autoridad local se había acercado con los afectados, a quienes deslindó de cualquier vínculo con el crimen organizado.
Rechazó en rueda de prensa que las diez personas asesinadas por miembros del Ejército (dos de ellas en ejecuciones extrajudiciales), así como los nueve detenidos guardaran relación con bandas dedicadas al robo de combustible, pues aseguró que en realidad eran agricultores.
Sostuvo que por cultivar cebollines se encontraban levantando la cosecha de madrugada en dicha junta auxiliar del municipio de Quecholac, debido a que el sol “quema” las cosechas si se recogen en la mañana o la tarde.
Aseguró que, por una denuncia anónima, fue que personal de seguridad física de Pemex y elementos castrenses llegaron, el 3 de mayo de 2017, al sitio conocido como “el lavadero” (donde se limpian los vegetales) y detuvieron a las personas que posteriormente fueron asesinadas por oponer resistencia.
Aunque dos de los aprehendidos ya fueron liberados por falta de pruebas, señaló que otros siete siguen presos, mientras que cuatro menores de edad que fueron lesionados en las detenciones de sus padres siguen en recuperación.
Exigen reparación del daño
Por ello demandó, en compañía del también abogado Francisco Jiménez Teniza, que se cumplan con todos los requerimientos de la CNDH, se garantice una reparación del daño a los deudos y se finquen responsabilidades a los culpables.
En primera instancia, exigieron que las autoridades locales acepten la recomendación, ya que a partir del 19 de septiembre que fue emitida tenían 15 días hábiles para pronunciarse.
De rechazar la recomendación, el Senado de la República tiene la facultad para citar a los funcionarios para que expliquen por qué no pueden cumplir, pero los quejosos advirtieron que podrían recurrir a organismos internacionales si hubiera una negativa.
Entre los requerimientos de la CNDH, se encuentra el de indemnizar a las víctimas, inscribirlas al programa nacional de víctimas, otorgarles atención psicológica, legal y gratuita, así como facilitar la información para las investigaciones.
Esto luego de que la CNDH acreditó que dos personas fueron ejecutadas de manera extrajudicial supuestamente por agredir a soldados y personal de Pemex, que presuntamente los descubrieron robando combustible.
Sin embargo, Roldán Reyes sostuvo que aquella noche “no hubo ni una gota” de gasolina robada, además de que los civiles no iban armados y el ducto de Pemex que pasa por el municipio se encuentra muy alejado de la zona donde fueron las detenciones y los homicidios.
