La Fiscalía de Veracruz investiga el posible nexo de expolicías del gobierno de Javier Duarte de Ochoa con la inhumación de al menos 170 cadáveres en fosas clandestinas reportadas ayer, jueves; no obstante, activistas acusan irregularidades del organismo.
De acuerdo con una de las líneas de investigación, la hipótesis del involucramiento de exelementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal se basa, por una parte, en los casos de desaparición forzada que se les atribuyen bajo el mando de Arturo Bermúdez Zurita, titular de la depenencia en el sexenio de Duarte de Ochoa.
Asimismo, se plantea que, como los restos óseos tendrían por lo menos dos años de antigüedad, se presume que los entierros habrían ocurrido todavía en la administración del exgobernador priista.
De acuerdo con datos difundidos por medios nacionales, al momento la cifra de cadáveres hallados en un grupo de 32 fosas clandestinas ascendería a 170, aunque las autoridades aún deben estudiarlos para conocer a cuántas personas corresponden realmente.
No obstante, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha evitado dar la ubicación exacta de las fosas, argumentado que debe proteger a los funcionarios que allí laboran y el sitio, por lo que sólo ha referido que se trata de una zona de muy difícil acceso, con barrancas contiguas y presencia de criminales.
Ante esta opacidad, colectivos de familias en busca de desaparecidos han señalado que la zona del hallazgo podría ubicarse en Alvarado, donde ya habían pedido a la FGE permiso para excavar, sin que se los autorizaran.
Asimismo, reprobaron la insensibilidad de la Fiscalía por no involucrarlos en la investigación, como lo establece la ley general contra la desaparición forzada, y por difundir el hallazgo de los cadáveres como un “logro”.
Editado por Luis Alberto Palacios
