La junta local del INE en Puebla sumó otras tres denuncias para llegar a 26 presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los hechos violentos del 1 de julio, cuando se realizaron las elecciones.
Apenas el 12 de julio, se reportaron 23 interpuestas por órganos distritales, funcionarios de casillas y capacitadores asistentes electorales ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) organismo de la PGR.
Sin embargo, Marcos Rodríguez del Castillo, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado, no supo precisar cuántas han presentado partidos políticos y candidatos. Entre los hechos que se señalan son balaceras afuera de las casillas, el robo de urnas y destrucción de material electoral.
En entrevista este lunes luego de la sesión ordinaria de la junta Local señaló que hasta la fecha suman 21 inconformidades contra los resultados de la elección, 20 correspondientes a diputaciones federales y una al Senado de la República.
Aunque cabe mencionar que las 20 de diputados fueron desechadas el viernes por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), tras declarar infundados los agravios denunciados por Nueva Alianza (NA), el PAN, PRI y Morena.
Mientras que la del Senado fue presentada por el PRI, quien exige anular la elección argumentando que los candidatos ganadores, Alejandro Armenta Mier y Nancy de la Sierra Arámburo (de la coalición Juntos Haremos Historia) rebasaron el tope de gastos de campaña.
Hasta el momento este juicio no ha sido atendido, así que es el único que sigue vigente, aunque no se descarta que en los próximos días se interpongan más.
Indemnizarán daños a escuelas
En otro tema, Rodríguez del Castillo señaló que aún se desconoce el número de escuelas que repararlas por los destrozos que sufrieron por albergar las casillas para votar.
Desconoció la inversión necesaria para intervenir las instalaciones de las escuelas baleadas o su mobiliario, ya que todavía se están cuantificando los daños.
Dicha tarea está a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que además de la evaluación de daños tendrá que presentar denuncias formales por los hechos, ya que son requisitos para acceder a la compostura.
Precisó que las reparaciones serán financiadas con un seguro del INE, luego de que la dependencia termine de integrar los expedientes de cada institución, aunque evitó revelar el monto que cubre la póliza.
