La Organización de las Naciones Unidas (ONU) urgió al Estado mexicano tipificar al feminicidio como delito en todos los códigos penales del país e implementar medidas para prevenir, investigar y sancionar las muertes violentas y desapariciones de mujeres.
Lo anterior, a través del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), que este lunes publicó las conclusiones de su noveno análisis de la situación de la violencia contra féminas, realizado por visitadores de la ONU el pasado seis de julio.
De acuerdo con la vicepresidenta del Cedaw, Magalys Arocha, pese a los esfuerzos d México para “superar el clima general de violencia y promover los derechos de las mujeres”, en el país persisten altos niveles de inseguridad y crimen organizado, así como retos asociados con las estrategias de seguridad, que afectan el “disfrute de los derechos de las mujeres y niñas”.
En este sentido, señaló que los tres niveles de gobierno deben enfrentar “la raíz” de problema de la violencia de género, esto es, “la violencia, la violencia armada, el crimen organizado, el narcotráfico, estereotipos discriminatorios y la marginalización”.
Asimismo, les pidió que “se investiguen, procesen y sancionen adecuadamente a los autores” de actos de agresiones contra mujeres, lo que incluye a los actores estatales y no estatales.
Las medidas sugeridas
Para procurar dichos objetivos, Arocha destacó la importancia del feminicidio esté criminalizado en los códigos penales estatales y se estandaricen los protocolos de investigación, de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del país.
Recomendó simplificar y armonizar los procedimientos locales para activar el mecanismo Alerta Amber y del Protocolo Alba, que ayuda a localizar y recuperar a niñas, niños y adolescentes desaparecidos o que se encuentren en riesgo de sufrir daño grave.
Y es que –explicó– el Cedaw considera “esencial que se acelere la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas”, ante el riego de delitos como el feminicidio y el tráfico de mujeres y niñas con el propósito de la explotación sexual y el trabajo forzado”.
Asimismo, planteó armonizar y ampliar la aplicación y la coordinación, a nivel federal, estatal y municipal, de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), con la participación de organizaciones sociales, académicos y defensores de los derechos humanos.
De acuerdo con cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), basadas en informes de fiscalías y procuradurías estatales, entre 2014 a 2017, 6 mil 297 mujeres fueron asesinadas en 25 entidades, entre ellas Puebla, pero sólo 236 casos fueron investigados como feminicidio.
Editado por Luis Alberto Palacios
