Un juez de control ordenó la aprehensión de Karime Macías Tubilla, esposa de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por el presunto desvío de 112 millones de pesos mediante contratos con empresas fantasmas cuando dirigió el DIF estatal.
Así lo dio a conocer este domingo, en conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Winckler Ortiz, quien refirió que, tras una primera investigación, se determinó la utilización de recursos de dicha institución para “suscribir y pagar contratos de compra venta con seis empresas inexistentes”.
Dicho monto —detalló— se erogó con el supuesto fin de “equipo médico, productos multivitamínicos, sistema de purificación de agua (…) artículos electrónicos, paquetes escolares y otros, sin que exista evidencia de que hayan sido entregados a la población”.
Advirtió que la Fiscalía veracruzana aún determina la cantidad precisa del daño causado al erario por dicha operación de desvío, pues continúa la investigación sobre contratos y recursos públicos ejercidos por el DIF durante la administración de Macías Tubilla.
Solicitarán extraditarla
Por lo anterior, el impartidor de justicia giró la orden de aprehensión correspondiente el pasado viernes 25 de mayo; en tanto, la FGE solicitará a la Procuraduría General de la República (PGR) encargarse de la localización y extradición de Macías Tubilla.
Y es que, hasta donde se sabe, Macías Tubilla salió del país desde 2016 y reside en Londres, Inglaterra, junto con sus hijos.
Horas antes de dichos señalamientos, la defensa de Duarte de Ochoa adelantó que “en los próximos días” se ejecutarían órdenes de aprehensión en contra de la esposa y suegra de éste, con el fin de impulsar la campaña a la gubernatura del panista Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del gobernador Miguel Yunes Linares.
Cabe recordar que el exmandatario priista se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, desde julio de 2017, enfrentado proceso por los delitos federales de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Además, el pasado 20 de mayo se abrió un nuevo proceso en su contra por tráfico de influencias, e incumplimiento del deber legal en un caso de transferencias irregulares por 220 millones de pesos.
Editado por Luis Alberto Palacios