El INE abrió un proceso sancionador contra Concesiones Integrales y su firma Agua de Puebla, por la campaña “De lo Dicho a lo Hecho”, pues de acuerdo con una denuncia del PRI, representa la difusión de propaganda gubernamental en veda electoral, lo cual contraviene la ley.
La queja fue promovida por el partido tricolor el pasado 12 de mayo, razón por la que el Instituto Nacional Electoral (INE) aplicó medidas cautelares, es decir, ordenó detener la campaña de inmediato.
La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) fue la encargada de iniciar el procedimiento especial sancionador contra la concesionaria debido a que en radio, televisión, prensa e internet emprendió una estrategia para defenderse de las quejas ciudadanas que reclaman pésima calidad en el servicio.
Esto luego de que el descontento civil provocó que los candidatos intervinieran y, casi todos (con excepción de los de la coalición “Por Puebla al Frente”) promovieran como promesas de campaña la revocación de la concesión.
Busca hacer frente a embates de candidatos
En el expediente número UT/SCG/PE/PRI/JL/PUE/230/PEF/287/2018 se estima que la campaña “De lo Dicho a lo Hecho” tendría la intención de hacer frente a las propuestas de los candidatos, de tal forma que representa la intervención de un privado en la contienda electoral.
Por ser un ente regido por un organismo gubernamental, en este caso el Soapap, también se estaría incurriendo en la difusión de publicidad oficial, ya que se enumeran una serie “logros” que la empresa presume como lo “beneficios” que trajo la privatización del agua en la capital.
En los próximos días el INE determinará si efectivamente la campaña enunciada es violatoria de la ley y, de ser así, aplicará las sanciones correspondientes, que irían desde una amonestación pública hasta sanciones económicas.
Actualmente el proceso sancionador se encuentra como “recién creado”, de tal forma que apenas iniciarán las investigaciones para definir responsabilidades.
