Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH, señaló que, a pesar de haberse comprometido, la Procuraduría General de la República (PGR) no le ha entregado información solicitada sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desparecidos en 2014.
Lo anterior manifestó al presentar el informe anual de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), correspondiente a 2017, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En el evento, el ombudsman nacional “recordó” a Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la PGR, que este organismo se comprometió a facilitar la labor de seguimiento de la CNDH en este caso, pero, al momento, sólo “está retrasando la información que hemos solicitado”.
Incluso señaló que información difundida en medios de comunicación no ha sido entregada por la PGR al personal de la CNDH, sino que lo obliga a consultar directamente la averiguación previa y no contribuye para que esto se realice de forma rápida.
Medios obtienen información antes
Respecto a este último tema, reprochó que medios de comunicación conozcan por filtraciones información relevante –como las llamadas entre supuestos criminales durante la noche de la desaparición–, mientras que los visitadores sólo tienen acceso al expediente para copiarlo.
“Nos faltan 300 páginas por copiar cuando ya algunos medios dieron cuenta de ello, pero nosotros queremos la respuesta oficial de esa información”, refirió.
Por otra parte, enfatizó que la impunidad o la aplicación discrecional de las leyes en México ha derivado en que las autoridades e instituciones gubernamentales “han quedado rebasadas, sus estrategias anuladas y su capacidad de control disminuida al límite”.
Gobierno reclama a ONU por informe
Previó a este reclamo, el gobierno mexicano reclamó ayer, lunes, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) la “carencia de rigor” y “sustento jurídico” del documento “Doble injusticia: Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa.
Este informe, publicado el pasado 15 de marzo por ONU-DH, advierte que, si bien tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa han sido detenidas y procesadas 129 personas, al analizar 34 casos, el alto comisionado halló “fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos”.
En respuesta, la misión permanente de México ante dicho organismo sostuvo que los datos de la investigación de la PGR y de los dictámenes periciales del Protocolo de Estambul “no sustentan fehacientemente la comisión de tales actos”.
Asimismo, indicó que los casos referidos en el informe están bajo investigación y consideración judicial, por lo que las conclusiones de “doble injusticia” son “prematuras” y podrían afectar el resultado de las indagatorias.
No obstante, reconoció que las autoridades excluirán pruebas en casos en los que se compruebe la comisión de actos de tortura, de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales.
Editado por Luis Alberto Palacios