Cuatro días antes de vencer el plazo establecido por la SCJN, el Senado aprobó la Ley General de Comunicación Social –apodada “Ley Chayote”–, que regula la propaganda gubernamental y faculta a la Segob para administrar el gasto en esta materia.
Lo anterior, tras una discusión de más de seis horas, con 60 votos a favor –de los senadores del PRI, PVEM y aliados– frente a 46 en contra de senadores del PAN, PT, Morena y PRD, quienes presentaron hasta 70 reservar a fin de que la minuta fuera modificada fondo.
A las 01:35 horas de este jueves, el presidente del Senado, el panista Ernesto Cordero Arroyo, notificó al pleno que la nueva legislación quedaba aprobada en lo general y lo particular, a fin de que se remitida al Ejecutivo federal para su promulgación, y “con atentos saludos a la Suprema Corte”, que podría haber declarado en desacato a todos los senadores si no emitían la ley antes del 30 de abril.
De acuerdo con las bancadas del PRI y PVEM, el ordenamiento regula la fiscalización del gasto en materia de propaganda oficial en los tres órdenes de gobierno y entes públicos, “bajo el estricto apego a los principios de racionalidad, economía, transparencia y honradez”.
Asimismo, destacaron que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se encargará de la revisión y fiscalización de los recursos públicos en materia de comunicación social, mientras que la Secretaría de Gobernación (Segob) deberá crear el Padrón Nacional de Medios de Comunicación y emitir los lineamientos.
Permite derroche y promoción de funcionaros
En contraste, senadores los cuatro partidos que se opusieron a la minuta acusaron que la ley sólo permite el derroche de recursos públicos para promover la imagen de funcionarios, pues no da reglas claras para la asignación de esto a la propaganda.
El panista Ernesto Ruffo Appel señaló que este marco legal también es anticonstitucional porque vulnera los derechos de las audiencias y conculca diversas disposiciones en materia de derechos humanos.
Por su parte, el colectivo #MediosLibres advirtió que la ley de comunicación social no establece mediante qué criterios la Segob determinará la asignación de tiempos oficiales a los medios inscritos en el padrón nacional.
Cabe recordar que, según la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dictada en noviembre de 2017, el Congreso de la Unión debía a emitir una ley regulatoria del párrafo octavo del artículo 134 Constitucional, en materia de propaganda gubernamental, antes del 30 de abril, cuando concluye el período ordinario.
Editado por Luis Alberto Palacios