A casi un año de los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó ante un juez especializado en justicia penal para adolescentes el caso de una menor de edad que acusó haber sido violada por tres compañeros de su telesecundaria Tlatlauquitepec.
De acuerdo con un boletín del organismo, para “intentar acreditar los hechos” ante la autoridad judicial, recopiló varios dictámenes, entre ellos el del Consejo Médico Legal del Tribunal Superior de Justicia, y solicitó la comparecencia de posibles testigos.
No obstante, remarcó que el abuso sexual fue denunciado el 27 de julio de 2017, es decir, “dos meses y medio posterior a que hubiese ocurrido”, por lo que indicó que “será la autoridad judicial quien defina lo que proceda de acuerdo a la Ley”.
Asimismo, aseguró que, a través de su Dirección de Atención a Víctimas del Delito, ha brindado apoyo a la menor y a su madre, de forma que –dijo– “se asignó a un asesor jurídico que les ha asistido en todo momento”, además de que “se han cubierto los traslados que se han requerido de Tlatlauquitepec a Puebla”.
Maestros la criminalizaron y DIF se desentendió
En septiembre de 2017, se difundió que, el 3 de mayo de ese año, una alumna de 14 años de escuela telesecundaria Jaime Torres Bodet”, ubicada en la localidad de Calatepec, en el municipio de Tlatlauquitepec, fue agredida sexualmente por tres compañeros en un salón de este plantel, tras lo cual maestros le dijeron “a la escuela se viene a estudiar, no a putear”.
Según la madre de la menor, quien hizo la denuncia ante la FGE, los docentes también amenazaron a su hija al señalar que, si denunciaba lo que le habían hecho sus compañeros, podría haber repercusiones para sus padres y para la escuela.
Ante la presión y la falta de apoyo, la menor optó por guardar silencio sobre el ataque y lo reportó meses después a su madre, que, por su parte, se encontró con la negativa de atención por parte del DIF municipal, por lo que tuvo que acudir a la Fiscalía estatal.
En un primer momento, el organismo sólo le permitió denunciar acoso sexual, por lo que tuvo que solicitar la intervención de la Comisión Estatal de Derecho Humanos, a fin de que un médico legista certificara la violación de la adolescente.
Finalmente, la madre logró reorientar la denuncia en el proceso penal con el número FGE/FGR/AIMP/TEZ/722/2017. Sin embargo, en el transcurso de esta búsqueda de justicia, los docentes de la telesecundaria dieron de baja a la joven y le retuvieron sus documentos oficiales, lo que causó que algunos programas federales le fueran negados.
Editado por Luis Alberto Palacios
