La comunidad indígena de Huitzilatl, en el municipio de Coyomeapan, interpuso un amparo para evitar que se construya un proyecto hidroeléctrico en esa zona, pues no se ha realizado una consulta pública y afectaría a más de la mitad de habitantes.
Así lo dieron a conocer, en rueda de prensa, José Luis Leyva Machuca, integrante del Movimiento de Autogestión Social, Campesina, Indígena, Popular (Mascip), adherido a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA, MN), y el representante legal de la organización, Sandino Rivero Espinosa.
Rivero Espinosa explicó que el recurso jurídico se tramitó el 15 de noviembre desde el año pasado, pero fue hasta el 22 de febrero que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil y Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla.
Detalló que en este documento están reclamando, a la Semarnat y la Secretaría de Energía (Sener), la violación a los derechos de los pueblos indígenas a ser previamente consultados, a la igualdad, a la preservación del territorio y al medio ambiente sano.
“Al no haber consulta pública previa, libre e informada debe cancelarse este proyecto hidroeléctrico que no beneficiará a las comunidades en general, ni en lo particular, sino que busca generar infraestructura para la posterior explotación minera a cielo abierto”.
Explicó que las autoridades tanto locales como federales se están “pasando por alto” las afectaciones que generara este proyecto, por lo que confió en que la resolución que dé el juez federal, que sería en tres meses, será favorable.
Proyecto abarca 3 municipios
El litigante explicó que el proyecto se denomina “Construcción del Sistema Hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan, el cual no sólo contempla a esa comunidad, sino también a los municipios de San Sebastián Tlacotepec y Zoquitlán, todas en la Sierra Negra, cuyo objetivo es generar energía eléctrica mediante la ejecución de dos subsistemas.
Estos dos subsistemas son: el Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa (PEHC) con una potencia instalada de 17.74 Megawatts (MW) y una generación anual de 123.20 Gigawatt por hora (Gw/Hr), aprovechando las aguas del río Coyolapa.
Mientras que el segundo es el Proyecto Hidroeléctrico Atzalan-Huitzilatl (PHEA) con una potencia instalada de 15.15 MW y una generación anual de 58.65 Gw/Hr, con este se pretende aprovechar parcialmente y, de manera combinada, las aguas de los ríos Atzalan y Huitzilatl.
Señaló que, de acuerdo a la Gaceta Ecológica 015/16 de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), es decir desde hace 2 años, la autorización comprende un periodo de hasta por 30 años, otorgando la concesión a la empresa Proyectos Hidroeléctricos de Puebla y, aunque no hay obra física aún, la firma ya comenzó a barrenar y a medir en las inmediaciones del río.
Afectaría la mitad de la población
Por su parte, Leyva Machuca refirió que tan sólo en Huitzilatl la realización de este proyecto se utilizaría el agua del río del mismo nombre, sin embargo, este afluente atraviesa la comunidad y forma parte de sus principales recursos naturales.
Aunque dijo que es una comunidad pequeña que abarca entre 100 y 120 habitantes, al menos 50 de estos tendrían que ser reubicados porque se verían afectados por el proyecto, situación que –afirmó– nunca se los dijeron.
Aseveró que para iniciar los trabajos o aprobar este proyecto el ayuntamiento encabezado por Aracely Celestino Rosas, tuvo que haber otorgado los permisos de uso de suelo; “tal vez los hayan dado, pero al pueblo jamás le dijeron que se iba a reubicar o que lo perjudicaría”.
Puntualizó que desde que se enteraron del proyecto toda la comunidad se ha opuesto, lo que ha generado que se tenga un ambiente de hostigamiento, que en los últimos meses se ha agudizado, por lo que hicieron un llamado a Secretaría General de Gobierno (SGG) para frenar una posible confrontación.
En su intervención, el inspector de la comunidad, Marco Fierro Gamboa, sostuvo que no se sabe qué tiempo tiene este proyecto, pues “estuvo muy aguardado”, por lo que –consideró– podría ser la antesala a una obra minera en el sur de Huitzilatl.
“Lo que se busca es que el Poder Judicial de la Federación maximice los alcances del derecho a la consulta y las obligaciones estatales derivadas de ello, así como los derechos interdependientes que resulten vulnerados cuando las autoridades no cumplen con la obligación constitucional y convencional de consultar a los pueblos“, concluyó.
