Sin afirmar si hay grupos del crimen organizado en la capital, Manuel Alonso García, titular de la Ssptm, señaló que “ningún estado está exento de ello”, además reconoció que no se llegó a la cifra de 3 mil efectivos al término del actual gobierno.
Así lo señaló durante su comparecencia ante los regidores de las Comisiones de Seguridad Pública, Movilidad Urbana y Asuntos Metropolitanos, en las que anunció que en dos meses estará operando el Centro de Estudios en Seguridad Pública y Política Criminal.
La regidora independiente, María de los Ángeles Ronquillo Blanco, fue la primera en cuestionar al funcionario sobre por qué han aparecido constantemente cuerpos en las juntas auxiliares, a lo que respondió que en Puebla se está viviendo el fenómeno del robo de combustible.
Aseveró que por el estado atraviesa uno de los dos ductos más importantes de Pemex, mismo que pasa por algunas juntas auxiliares, por lo que si se han hallado personas sin vida en estas demarcaciones es porque aunque están relacionadas con este delito, no son de Puebla, es decir, las vienen a dejar de otras zonas.
A ello se sumó la regidora priista, María Esther Gámez Rodríguez, quien le cuestionó sobre si hay grupos de la delincuencia organizada en el municipio, a lo que respondió: “no hay estado de la república en el que no impere algún grupo delictivo que tenga características del crimen organizado, recordar que el crimen organizado es cuando dos o más personas de manera organizada reiteran en un delito”.
No se cumplió con meta de 3 mil policías
Por su parte, el regidor del tricolor, Iván Galindo Castillejos, le cuestionó sobre cuál es el número de fuerza con que cuenta la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm), ya que al inicio de la administración se planteó como meta llegar a los 3 mil elementos.
A lo anterior, mencionó que en lo que compete al área de seguridad hay mil 334 efectivos, mientras que en la de tránsito son 315, lo que representa mil 649 uniformados, es decir, poco más del 50 por ciento de la cifra estimada para el término de la administración.
Asimismo, dijo que durante el segundo semestre del año pasado se logró la incorporación de 200 nuevos policías a través de la graduación en la Academia de Policía, mientras que para este 2018 se tiene contemplado 400 más.
En otro tema, Alonso García comentó que a través del Comité de Seguridad de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), la cual preside, se están analizando algunas propuestas para modificar el nuevo Sistema de Justicia Penal, ya que se tienen lagunas jurídicas que permiten que los delincuente salgan libres.
Esto ante la pregunta del regidor panista, Marcos Castro Martínez, quien le preguntó qué es lo que se hace en las mesas que realiza con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en las que “tengo entendido” es sobre el sistema penal, así como cuáles han sido los resultados de ello.
Sistema penal es “garantista”
El secretario agregó que el nuevo sistema es “totalmente garantista”, afecta a los policías porque “se ve el desencanto” de los efectivos cuando detienen a un delincuente y, a las pocas horas, lo vean en la calle cuando se trata de un delito que no se comete con violencia, como robo de autopartes y casa habitación en ausencia, de los que más se tienen reincidencia.
Mencionó que hay dos propuestas que se están analizando desde la ANAC; una es actualizar el catálogo de delitos del Sistema Penal Acusatorio, con el fin de que sea eficiente contra los delincuentes, pues hay ocasiones que una misma persona es detenida dos o tres veces a la semana porque el delito que comente no amerita prisión preventiva.
Mientras que la otra es que se considera implementar un marco coordinado, el cual contemple a todos los municipios y que sea seguridad estatal el que lo encabece para que los ayuntamientos sigan las mismas estrategias, pero atendiendo de manera paralela las cuestiones de sus demarcaciones.
“Estamos aún estudiando estas propuestas en el Comité de Coordinación de Seguridad de la ANAC para que pueda escalar hasta el poder legislativo, porque si bien el 80 por ciento de los detenidos en la capital son judicializados consideramos que es necesario actualizar el sistema de Justicia Penal”, pronunció.
En 2 meses, centro de Política Criminal
En su intervención, el regidor aliancista le pidió que precisara sobre qué se hará en el Centro de Estudios en Seguridad Pública y Política Criminal, así como entrará en operación y de donde se sacaron los 8.5 millones de pesos que cuesta la obra.
El titular de la Ssptm refirió que el monto es parte de los 120 millones de pesos recibidos a finales del año pasado, como parte de los 300 millones del financiamiento que solicitó el ayuntamiento capitalino, mientras que el inmueble empezará funciones en dos meses, es decir mayo.
Explicó que entre las acciones que se harán son estudios y diagnósticos para implementar políticas públicas eficientes que conllevan atender de manera preventiva y correctiva la criminalidad y violencia en el municipio, al tiempo de resaltar que es el único en su tipo a nivel nacional.
