Tras poco más de un año de proceso penal, Francisco Castillo Montemayor, quien fue secretario de Medio Ambiente en el sexenio de Mario Marín Torres (2005-2011), fue exonerado del delito de peculado por 39 millones 275 mil pesos que le imputaba la Fiscalía poblana.
A través de Facebook, su hijo Francisco Castillo Cooper dio a conocer que su padre fue notificado este lunes sobre “la conclusión de su proceso penal”, por lo que no hay modificación al auto de libertad que dictó a su favor un juez en septiembre de 2017, ni “manera de revertir la sentencia”.
En el mensaje, Castillo Cooper se manifestó satisfecho de la finalización “un proceso que nunca debimos haber vivido” a manos de funcionarios morenovallistas, a quienes acusó de ser “corruptos, ineptos e inconscientes, represores y asesinos”.
Agradeció a todos “quienes han estado durante este largo proceso, por no dejarnos solos, por ser empáticos, por no perder el sentido humano ante cualquier injusticia” y demandó “no más presos políticos en el país”.
El proceso
Castillo Montemayor fue detenido en noviembre de 2016 por agentes de la Policía Ministerial cuando salía de su despacho ubicado sobre la calle 2 Sur, entre la 39 y la 41 Oriente de la capital poblana.
La Fiscalía General del Estado (FGE), en la causa penal 472/2016, formuló cargos en su contra por el presunto desvío de 39 millones 275 mil pesos de recursos públicos durante 2008, mediante movimientos ilícitos para la supuesta adquisición de equipo para tratar basura, que se destinaría a 11 municipios.
No obstante, el imputado sostuvo que su detención fue por motivos políticos, ya que había criticado al gobierno de Rafael Moreno Valle y a la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (Sdrsot), a quienes acusó de “ecocidio” al remodelar el parque Flor del Bosque.
Tras su detención, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla lo consideró un “preso político” de la administración morenovallista.
Posteriormente, en abril de 2017, fue puesto en arraigo domiciliario y, cinco meses después, el Juez Sexto de lo Penal dictó auto de libertad a favor del exsecretario estatal.
