La ASF sugirió a Puebla y otras siete entidades transparentar las obligaciones que no son consideradas como deuda pública -como APP, proveedores y contratistas– pues entre las ocho concentraron el 56.9 por ciento de 217 mil 322 millones 500 mil pesos que fueron reportados como “otras obligaciones financieras”.
Este martes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Cámara de Diputados la tercera entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016.
La ASF resaltó que, Puebla y otras diez entidades cumplieron con el principio de sostenibilidad: Baja California Sur, Guanajuato, Chiapas, Sinaloa, San Luis Potosí, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Aguascalientes y Tlaxcala.
Sin embargo, indicó que, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en las estadísticas trimestrales de deuda pública subnacional, que el monto del endeudamiento de las entidades federativas fue de 515 mil 89 millones de pesos.
Con información de la Cuenta Pública 2016 de las entidades federativas y del Sistema de Alertas publicado por la SHCP, el saldo ascendió a 732 mil 411 millones 500 mil pesos, con una diferencia de 217 mil 322 millones 500 mil pesos que corresponden a “otras obligaciones financieras”, pasivos, proveedores, contratistas y Asociaciones Público Privadas (APP) –también conocidas como Proyectos de Prestación de Servicios (PPS)—
En la Ciudad de México, Veracruz, Nuevo León, Estado de México, Coahuila, Michoacán, Puebla y Sonora, se concentró el 56.9 por ciento del total de dicha deuda y otros pasivos.
Por lo anterior, la ASFA consideró conveniente que se implementen mecanismos de coordinación entre las entidades federativas y la SHCP, con el propósito de que se registren en sistemas de información integrales y públicos, las obligaciones no constitutivas de deuda pública como las APP y los pasivos con proveedores y contratistas, a fin de asegurar la transparencia y rendición de cuentas de esta información, así como para evaluar las finanzas públicas y la administración prudente de los riesgos inherentes a dichos pasivos y obligaciones.
Cabe mencionar que, en el sexenio de Rafael Moreno Valle (2011-2017) se contrataron una APP –planta automotriz Audi– y dos PPS: Museo Internacional del Barroco (MIB) y el Centro Integral de Servicios (CIS), que costaron más de 7 mil millones de pesos.
Para ello, el gobierno estatal creo un fideicomiso con la empresa Evercore, en el que están comprometidos los recursos que se obtienen por el Impuesto Sobre la Nómina (ISN), pero se desconoce cómo se maneja.
Mil 716 mdp no han sido solventados
Asimismo, el reporte de la ASF señala que, de 2012 a 2016, entre los gobiernos estatal y municipal, así como universidades públicas de Puebla no han solventado mil 716 millones de pesos.
Por denuncias derivadas de la fiscalización de cuentas públicas suman 74.9 millones de pesos.
