Si Morena llega al gobierno de Puebla, contempla crear una fiscalía de delitos ambientales, tipificar como delito el ecocidio, cancelar permisos de “proyectos de muerte”, devolver el registro civil a las juntas auxiliares y hacer municipio a Totimehuacán.
Revertir la concesión del agua en la capital, construir circuitos regionales para dotar de servicios a programas sociales a la población, así como instalar un sistema de monitoreo ambiental son otras de las propuestas que incluye el Proyecto de Desarrollo Alternativo presentado este viernes.
El documento incluye propuestas de la ciudadanía, elegidas por el Consejo Consultivo del partido para crear su plataforma de gobierno que promoverán los futuros candidatos en campaña y que prometen llevar a cabo si ganan el cargo al que aspiran.
Miguel Barbosa Huerta, precandidato a la gubernatura; Violeta Lagunes Viveros, precandidata a la alcaldía de Puebla; Gabriel Biestro Medinilla, líder estatal de Morena, y Carlos Figueroa Ibarra, secretario nacional de Derechos Humanos, encabezaron la presentación al público del proyecto y la entrega del mismo a los precandidatos.
En materia económica, destaca la intención de redireccionar al campo parte del presupuesto que actualmente se dedica al gasto corriente, mediante un gobierno austero, señaló el activista Gerardo Pérez Muñoz, encargado de dar lectura al documento.
Sin referir una cantidad estimada, sostuvo que “si se ahorra” y se toma parte de lo recaudado del Impuesto sobre la Nómina (ISN), se podrán financiar en el estado programas promovidos a nivel nacional por el precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, como la pensión universal para adultos mayores, discapacitados y madres solteras.
Proyectan circuitos regionales
Con los recursos que Puebla reciba del ramo 33, dijo que se podrían construir los circuitos regionales, donde la gente podría acudir a realizar trámites, solicitar servicios, inscribirse a programas sociales, recibir capacitación agrícola, ganadera o de otras actividades productivas, así como tomar talleres de oficios y carreras técnicas.
Hablando de materia agrícola, hizo mención del “rescate” del campo a través de la inversión en tecnología, capacitación de los campesinos y apoyos económicos para aumentar la producción, con el objetivo de cosechar en el estado todo lo que se consuma y dejar de importar alimentos.
Se propuso una ley para la “soberanía” alimentaria y nutricional, con la que se prohíba la compra de semillas y granos genéticamente modificados (transgénicos) y dar prioridad a los endémicos así como acrecentar el mercado interno e implementar políticas para disminuir el consumo de comida chatarra.
En el plano de sustentabilidad, se contempla la creación de una fiscalía ambiental, que sancione la deforestación, la contaminación de los recursos naturales, la sobreexplotación, el despojo del territorio y regule al sector privado en materia ambiental.
Para ello, se propuso reformar el Código Penal para tipificar como delito el ecocidio, así como la instalación de un sistema de monitoreo ambiental que planifique cómo revertir gradualmente la contaminación, especialmente del aire, ya que la capital de Puebla y su zona conurbada son la quinta área más contaminada del país.
También se pidió la abrogación de la ley estatal del agua, específicamente la del artículo 12, donde se autorizó que en la capital la administración del líquido esté a cargo de la empresa Concesiones Integrales (Agua de Puebla).
Cancelar “proyectos de muerte”
Pérez Muñoz enfatizó que en la entidad hay 120 mineras, mil 446 pozos para la extracción hidráulica (fracking) de gas, hidroeléctricas y termoeléctricas que, en conjunto, ocupan el 33 por ciento del territorio poblano, el cual está concesionado en su mayoría a empresas extranjeras.
Denunció que estos “mega proyectos” se ubican principalmente en zonas donde habitan comunidades indígenas, que han visto afectada su salud, el acceso al agua y la pérdida de su territorio.
Por tal motivo hizo el llamado a impedir más “proyectos de muerte” mediante la cancelación de permisos y la prohibición de emitir nuevos, así como defender a la población indígena del despojo de las trasnacionales con la creación de una secretaría dedicada a defender sus derechos y garantizar la permanencia de los grupos étnicos.
Ante esta demanda, Barbosa Huerta tomó la palabra para comprometerse a que, de llegar al gobierno del estado, revisará los permisos otorgados a mineras y cancelará los que estén en trámite.
En materia de seguridad, el precandidato dio lectura a algunas de las ideas dirigidas por la militancia e incorporó sus propuestas. Señaló que los principales causantes de la inseguridad son la impunidad y la corrupción, por lo que prometió “acabar” con ambos.
“Limpia” de policías
Para lograrlo, como primera medida anunció el despido de los mandos policiales, a quienes responsabilizó de ejercer la “extorsión” en los mandos medios y bajos, generando así un círculo vicioso de corrupción e incluso de colusión con el crimen.
Quienes conserven el empleo, dijo que serán capacitados, se les aumentarán las prestaciones para “redignificar” a los policías, así como a los peritos, los agentes del ministerio público y los jueces, que forman parte de un sistema de justicia “lleno de corrupción”.
Para combatir la impunidad –afirmó– se necesita comenzar por fomentar la cultura de denuncia, luego que todos los casos se atiendan, se investiguen y no se cierren hasta que estén solucionados.
Como una medida para llegar a eso, anunció que con su triunfo los registros civiles y el Ministerio Público volverán a las juntas auxiliares para que los ciudadanos no tengan que acudir hasta la Fiscalía General del Estado (FGE) para denunciar.
Como parte de esta intención por devolver autonomía a las juntas auxiliares, especialmente las de la capital, aseveró que la más grande (San Francisco Totimehuacán) podría convertirse en un municipio para que así la población tuviera más acceso a servicios y ya no depender del ayuntamiento de Puebla.