Por restarles facultades a los ayuntamientos, la Comuna de San Pedro Cholula promovió la controversia constitucional en contra de los artículos 2, 6 y 11 de la Ley de Seguridad Interior, avalada el 21 de diciembre de 2017.
Al respecto, el alcalde del municipio, José Juan Espinosa Torres, hizo un llamado a otros ediles para sumarse y ejercer esta acción, que permitirá defender la soberanía municipal.
Indicó que la Ley de Seguridad Interior atenta en contra del artículo 115 constitucional en la fracción 3 inciso 11, donde se faculta a los ayuntamientos para brindar el servicio de seguridad pública.
Por lo que en la controversia que se promovió se pide una revisión de los artículos 2,6 y 11 donde se establece que el acceso de las fuerzas armadas será sin consentimiento de los ediles, trastocando la personalidad jurídica de los municipios.
Confía que controversia no genere represalias
En rueda de prensa, confió que esta determinación no generará represalias o persecución política en su contra ni del Congreso local, Auditoría Superior del Estado (ASE) o el propio gobierno de Puebla.
Asimismo, Espinosa Torres adelantó que esta decisión no tiene tintes electorales ya que los tiempos no fueron determinados por ellos sino por el gobierno Federal, en el que sólo se dan 30 días para manifestarse en contra de las leyes.
“No por tener en puerta las elecciones no vamos a cumplir con un derecho ni vamos a permitir que se dejen de lado los derechos de los ciudadanos”, puntualizó.
El edil insistió en la falta de información que prevalece en torno a la nueva legislación, por lo que realizarán foros regionales para informar de las consecuencias de la misma, el primero de ellos se realizará este 17 de enero en San Pedro Cholula.
Además, tendrá un diálogo cercano con ediles de las tres diferentes organizaciones de alcaldes a nivel nacional y con legisladores de su partido Morena.
Cabe mencionar que el pasado 21 de diciembre de 2017, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley de Seguridad Interior tras varias críticas de diversas organizaciones, dejando así que la Suprema Corte Nacional de Justicia (SCJN) decida si es inconstitucional.
