El exedil Eduardo Rivera Pérez indicó que la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) del estado le notificó del inicio de un proceso de embargo a su casa por sanciones impuestas en el Congreso estatal por presuntas irregularidades en su cuenta de 2013, lo cual calificó de “ilegal”.
Así lo hizo este miércoles en un comunicado de prensa, donde argumentó que la acción está fuera de la ley, ya que las multa –por supuestas irregularidades de 441 millones de pesos– de 25 millones 597 mil de pesos y su posible inhabilitación para ocupar cargos públicos continúan en proceso.
Denunció que se trata de una “reacción generada desde el Estado”, la cual sólo puede interpretarse como un acto de represión para “doblegarlo” y obstaculizar su candidatura en los comicios de 2018.
Indicó que ya cuenta con una estrategia jurídica “en curso”, amparo, y confió en que la justicia federal le dará la razón.
Y es que apenas el 30 de junio, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil otorgó la suspensión definitiva que solicitó Rivera Pérez para evitar que su nombre aparezca en el Registro Nacional de Servidores Públicos Sancionados, resolución que ha sido desestimada por diputados morenovallistas y hasta el consejero juridico del gobierno.
Es una “canañada”, fustiga Quezada
Por su parte, la dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Socorro Quezada Tiempo, reprobó la actuación de la SFA, que, consideró, sigue recibiendo órdenes del exgobernador Rafael Moreno Valle, quien es opositor a Rivera Pérez.
Recordó que en diciembre de 2016, aún con Moreno Valle en el cargo, acusó que dicha dependencia retuvo ediles del sol azteca recursos, como parte de un “represión” política.
Pidió a la ciudadanía que “reflexione” para no seguir apoyando al exmandatario. “Que lo que pasa en Puebla no se reproduzca en el país”, afirmó, al tiempo que calificó de “canañada” lo ocurrido, por lo que externó su apoyo al exalcalde.
