A 9 días de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), 31 estados presentan retrasos en la armonización de leyes, así como polémicos nombramientos de fiscales y magistrados, situación de Puebla y otros 5 estados.
Lo anterior de acuerdo con un análisis del diario nacional, Reforma, que puntualizó que el “SNA comienza a desdibujarse en su implementación a nivel estatal”, ya que a punto de vencerse el plazo para la implementación del sistema, avanza con dificultades, una de ellas es que hasta ahora, sólo 8 estados han hecho nombramientos, pero en seis de los mismos han sido cuestionados por ser figuras cercanas a los gobernadores o relacionados con escándalos de corrupción.
En el caso de Puebla, menciona Reforma que Víctor Carrancá Bourget, fiscal general del estado, nombró a Enrique Flota Ocampo como fiscal anticorrupción, lo que generó descontento social al considerar a dicho personaje como cercano al exmandatario Rafael Moreno Valle.
Además de que Flota Ocampo fue el encargado de pedir disculpas a nombre del gobierno estatal a Elia Tamayo, madre de José Luis Alberto Tehuatlie, menor quien falleció en un enfrentamiento entre vecinos de Chalchihuapan y la Policía estatal, en lo que ONGs señalaron hubo un indebido uso de la fuerza.
Por su parte, Elia Tamayo acusó a Flota Ocampo de amenazarla para aceptar las disculpas del gobierno, así como de coaccionarla para exonerar a Facundo Rosas, exsecretario de Seguridad Pública y encargado del operativo donde falleció el menor.
Otros nombramientos polémicos
Otros de los estados, cuyos nombramientos claves se han visto envueltos en la polémica fueron los del magistrado anticorrupción de Nayarit Raymundo García Chávez; en Morelos al fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez.
En Sonora, Odracir Espinosa, fiscal anticorrupción, tuvo que reconocer públicamente que era militante del PRI; en el Estado de México, el Congreso local ratificó a los siete magistrados anticorrupción todos ellos propuestos por el gobernador saliente Eruviel Ávila.
En el caso de Querétaro, pese a ser el único estado en lograr la implementación de manera completa, no se salvó de que el nombramiento de su fiscal anticorrupción Benjamín Vargas Salazar, fuera cuestionado, ya que según medios locales, no presentó su declaración 3de3 durante el proceso de selección, a pesar de que una demanda de la sociedad civil estatal.
Finalmente, Veracruz y Chihuahua destacan por su retraso en la construcción de sus sistemas estatales.
