La bancada del PRI solicitó derogar el título décimo de la Ley de Seguridad Pública para quitar el servicio de seguridad personal al exgobernador Rafael Moreno Valle, al argumentar que se ahorrarían 2.8 millones de pesos por pagos a escoltas.
En el punto 17 de la orden de día, este miércoles se dio lectura a la iniciativa que presentó el legislador del PRI, Francisco Jiménez Huerta, en la que expone que no es equitativo que una persona que, por haber sido servidor público, tenga privilegios que los demás habitantes del estado no gozan.
En ese sentido, como lo manejó hace una semana Ángulo 7, el priista recordó que, de acuerdo con la ley, se pagará una escolta de ocho elementos por turno a exgobernadores durante 12 años, posteriores a dejar el cargo.
Recalcó los miembros de la escolta son servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) o de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), que recibirían un salario de 10 mil pesos mensuales a costa del erario, lo que significaría un gasto anual de 2.8 millones de pesos, aproximadamente.
Dicho recurso, consideró, debe ser destinado a acciones de combate a la delincuencia y no para protección personal del exmandatario, pues la prioridad son los poblanos.
El artículo 139 de la Ley de Seguridad Pública de Puebla señala que servicio de seguridad personal se le proporcionará al exgobernador a partir de la fecha en que deje el cargo y será por el tiempo que lo solicite por escrito.
Cabe mencionar que dicha reforma a la ley fue avalada en 2012, por lo que Moreno Valle es el primer exgobernador en obtener el beneficio, además de su pensión vitalicia.
