Con tres casos, Puebla ocupa el quinto lugar en número de carpetas de investigación por violencia política de género, uno corresponde a la ex-candidata independiente, Ana Teresa Aranda Orozco y otro de la regidora de Tecamachalco, Ruth Zarate Domínguez.
Lo anterior, en el marco de la presentación del Protocolo para Atender la Violencia Política de Género, donde el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, destacó la importancia de visibilizar este tipo de conductas para “reprochar y discutir” de manera pública para que se tipifique como delito.
Indicó que cuando las víctimas son funcionarias electorales se permite sancionar la obstaculización de las tareas a la fiscalía y urgió a mejorar la legislación mexicana.
Indicó que en el periodo 2016-2017, en Puebla, Hidalgo, Durango y Tabasco se han abierto tres carpetas de investigación por violencia política de género; mientras que en Tlaxcala, nueve; Ciudad de México, 8; Chiapas, 7; y en Oaxaca, 6.
“Hemos tenido casos donde la violencia física, discriminación, humillación pública se han convertido en elementos constantes sobre todo en el ámbito municipal. Es importante que visibilicemos estos casos, que mandemos mensajes de que no se pueden repetir practicas retardatarias que impiden el desarrollo de los derechos político electorales de las mujeres”, sostuvo.
Regidora era víctima de varias presiones
En el evento, expusieron que un caso desarrollado en Puebla es el de Zarate Domínguez en el que hay afectaciones y violaciones a los derecho político electorales, pues no se respetaba el derecho de los ciudadanos respecto que la regidora ejerciera las funciones para las que fue electa.
“Era víctima de diversas presiones, no le permitían hacer sus funciones, la amenazaron con desaparecerla, le retuvieron sus sueldos y aguinaldos, le negaron documentos y en diversas sesiones de cabildo las humillaron públicamente”, acotó.
Dicho caso está en espera de que el juez de control tome una determinación al respecto, además que se citó a una audiencia inicial a los involucrados.
No obstante, prefirió no dar detalles sobre los otros dos casos en la entidad.
El Protocolo para atender la violencia política contra de las mujeres servirá como guía en el estado de Puebla para atender dichos actos; asimismo permitirá que se establezca una adecuada coordinación entre las instituciones responsables de hacer frente a los casos de violencia de género.
En el acto estuvieron presentes: María de Lourdes Martínez Medellín, subsecretaria de la Prevención del Delito y Seguridad; el magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), Fernando Chevalier Ruanova; el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Marcos Rodríguez del Castillo, así como el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla, Jacinto Herrera Serrallonga.
