Con 33 votos a favor, incluidos los del PRI, tres en contra y una abstención, el Congreso local inhabilitó 12 años y multó con 25 millones 597 mil pesos al ex edil Eduardo Rivera Pérez; bancada del tricolor dijo que no puede defender a un panista.
Lo anterior, durante la sesión extraordinaria de este viernes que inició con una hora de retraso, pues un grupo de no más de 20 jóvenes se “manifestó” supuestamente en contra de Rivera Pérez bloqueando el único acceso que queda disponible –por la 3 poniente– a la sede del Legislativo, cuya entrada principal continua bloqueada desde el 1 de marzo por pobladores de Jolalpan.
Por ello, varios legisladores y reporteros tuvieron que ingresar por el edificio del PRI municipal contiguo al Congreso, trepando escaleras móviles para pasar de azotea a azotea.
Ya en el pleno, se puso a discusión el dictamen de la Auditoria Superior del Estado (ASE) sobre el Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (Ipadr) en contra de Rivera Pérez el cual establece un daño patrimonial por 12 millones 798 mil 508.38 pesos y una cifra similar de sanción económica, dando un total de 25 millones 597 mil 016.76 pesos por irregularidades en su cuenta pública 2013 como alcalde de Puebla.
Estefan debe aclarar por qué dijo que iríamos en contra
En entrevista, la coordinadora de bancada del PRI, Silvia Tanús Osorio, señaló que el tricolor no puede defender a alguien que cometió un posible acto de corrupción; además que no tienen que proteger a quien se ostenta como delegado del PAN en el Estado de México, debido a las elecciones a gobernador.
“Somos diputados del PRI, por qué vamos a votar por alguien que no es del partido; no podemos defender a un panista”, insistió.
Respecto a su líder estatal, Jorge Estefan Chidiac, indicó que fue él quien dijo se trataba de una “persecución política”, por lo que debe aclarar por qué dijo que la bancada tricolor iría en contra.
Asimismo, rechazó que exista un acuerdo político entre el PRI y el PAN para exonerar a alcaldes priistas a los que éste viernes se les deslindaron responsabilidades por sus cuentas públicas de 2014.
Pablo Montiel advierte revés jurídico
El primero en hacer uso de la tribuna, fue el diputado del PAN, Pablo Montiel Solana, quien dijo que si bien se abstuvo en la votación donde se avaló el Ipadr por haber fungido como secretario de Gobernación en la administración de Rivera Pérez, en esta ocasión votaría en contra de lo que llamó una “sanción individual a una persona”, por lo que no había conflicto de intereses.
Sostuvo que la ASE y el Legislativo carecen de competencia para pronunciarse sobre recursos federales; acusó que la fiscalización fue respecto de toda la administración pública municipal y no sólo a su labor como presidente, además que de acuerdo con la ley de responsabilidades, “ésta sesión debió realizarse a más tardar el pasado 6 de marzo”.
Trasseñalar las irregularidades que se han cometido, advirtió a sus compañeros legisladores que de aprobarlas les podrían corregir la plana “abusados porque nadie le ha litigado bien al Congreso ni a la ASE, cuando se le ha litigado al Congreso, nos han dado para atrás; así que abusados no creo que está sea la excepción”.
Quezada evidencia irregularidades en dictamen
Posteriormente, la diputada del PRD, Socorro Quezada Tiempo, subió a tribuna con el dictamen elaborado por la ASE que dijo constaba de más de 200 páginas, en el que destacó se le observa la pavimentación de la avenida 11 norte-sur, la cual fue un proyecto de la administración estatal, en ese entonces encabezada por Rafael Moreno Valle.
Señaló que al ser el pleno del Congreso los jueces de Rivera Pérez, éste debió comparecer ante los diputados locales, además comparó la determinación de responsabilidades con la avalada en contra de Ernestina Fernández Méndez, alcaldesa de Tehuacán, a quien en diciembre pasado se le fincó una inhabilitación por 12 años y una sanción por 228 millones 868 mil 549 pesos.
Durante su intervención, el diputado local, Julián Peña Hidalgo, recién adherido a Morena, indicó que argumentos para sancionar al delegado del PAN en el Estado de México “no se cumplen a cabalidad, tenemos argumentos por los que si votamos a favor estaríamos incurriendo en responsabilidades administrativas, pues no hay una rendición de cuentas apegada a derecho”.
“No estoy votando en contra de una persona sino de un procedimiento y un sistema; hemos fallado en estos momentos en los que la historia nos ha pedido hacer conciencia”, acotó.
Tras lo anterior, los legisladores votaron, siendo Montiel Solana, Quezada Tiempo y Peña Hidalgo, quienes rechazaron la inhabilitación y la multa por 25 millones 507 mil pesos; mientras que Geraldine González Cervantes, diputada del PVEM se abstuvo.
