Nuevamente posponen audiencia entre Eduardo Rivera, Congreso y ASE. Foto: Especial
Nuevamente posponen audiencia entre Eduardo Rivera, Congreso y ASE. Foto: Especial
Minimizan amparo a favor de Rivera Pérez, “no lo libra” de comprobar su cuenta. Foto: Especial

El Congreso de Puebla rechazó que el que la inhabilitación de Eduardo Rivera Pérez no se inscriba en los registros de servidores públicos sancionados sea un revés para el Legislativo; es una medida cautelar que no lo libra de su responsabilidad.

En entrevista, el presidente de la Comisión Inspectora del Congreso de Puebla, Germán Jiménez García, sentenció que el Legislativo está “tranquilo” pese al amparo que logró Rivera Pérez, pues sólo se trata de una medida cautelar.

Indicó que el hecho de no aparecer en el Registro Estatal y Nacional de Servidores Públicos Sancionados, no significa que “haya brincado las sanciones administrativas” impuestas por los legisladores en diciembre de 2016.

“La inhabilitación que avaló el Congreso del Estado de Puebla se mantiene, nosotros en el Congreso del Estado seguimos con el trámite, solo se trata de una medida cautelar que no lo libra de su responsabilidad”, dijo.

 

“No es revés”: Aguilar

Por su parte, Jorge Aguilar Chedraui, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, señaló que habrá que esperar el resolutivo definitivo del juez respecto al primer juicio de amparo 553/2017, el cual podría darse dentro de tres meses.

“No es revés para nada, le he dedicado a éste tema lo indispensable porque es un tema jurídico que encabeza la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla y que tendrá que resolver el juez federal”, señaló.

Destacó que el resolutivo del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, también establece que Rivera Pérez tendrá que comprobar –en su momento– el manejo de los recursos de su cuenta pública 2013.

Insistió en que el exalcalde de Puebla tuvo que haber comprobado el ejercicio de recursos y que los diputados locales de la LIX Legislatura cumplieron con su obligación constitucional de fiscalizar cuentas, pero en el caso del exalcalde de Puebla “no hubo comprobación suficiente”.

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