Carlos Rocha/La Jornada de Oriente
A nueve años de la reforma constitucional del sistema de justicia penal y casi un año después de que inició su aplicación en todo el país, la Fiscalía General del Estado de Puebla convocó a profesionistas para ocupar 159 vacantes en los puestos de policías de investigación acreditable, agentes del Ministerio Público, peritos, facilitadores, asesores jurídicos y personal ocupacionalmente expuesto.
Ante la tardanza en la convocatoria para los puestos que tienen que ver con el nuevo sistema de justicia, el abogado Vladimir Luna Porquillo señaló que Puebla está desfasado en tiempos, cuando los delitos se comenten a diario.
Además, acusó, la creación de las Fiscalías Especializadas, que también forman parte del nuevo sistema se han concentrado solo en la capital del estado, lo que origina que cuando se cometen delitos en el interior del estado estos no sean reportados.
“Por eso ahora las autoridades lo manejan con el doble discurso en el sentido de que bajan las estadísticas, pero es porque no hay gente que vaya y lo denuncie. Deben de venir acá (a Puebla) sin importar lo que haya tenido, sufrido, padecido o el trauma que le haya generado a la familia. Deben de venir hasta acá para continuar su investigación”, dijo durante una entrevista con esta casa editorial.
El abogado penalista explicó que anteriormente en cada uno de los 22 distrito judiciales del estado existía una agencia del Ministerio Público del fueron común, pero la nueva implementación del sistema penal acusatorio y adversarial, reformado en 2008, trajo como consecuencia la modificación del sistema y dejó obsoletas a las agencias para crear fiscalías especializadas en cada tema.
Sin embargo, agregó, los funcionarios no cuentan con la capacitación para impartir el nuevo sistema de justicia y es por eso que en fecha reciente la fiscalía convocó a peritos.
“Por lo tanto no se tiene peritos, no se tiene quien levante denuncias. Lo único que se hizo fue que en la sede principal de la Fiscalía, ubicada en el bulevar 5 de Mayo, contará con todos los servicios. También se hizo en el llamado C–5 ubicado en Cuautlancingo”, explicó Luna Porquillo.
A los contratados la Fiscalía les dará un curso de especialización en el sistema penal acusatorio
Fue el pasado 11 de mayo cuando la Fiscalía convocó a egresados de nivel superior para participar en el proceso de reclutamiento y selección para integrarse al equipo de trabajo de la institución, que encabeza Víctor Carrancá Bourget.
La dependencia informó que realizará un minucioso proceso para que los hombres y las mujeres que cumplan con el perfil, puedan ocupar alguna de las 159 vacantes disponibles.
Se seleccionarán 50 Policías de Investigación, 30 agentes del Ministerio Público, 20 peritos, 25 facilitadores, 18 asesores jurídicos y 16 como personal ocupacionalmente expuesto.
La dependencia informó que los aspirantes a ocupar las plazas disponibles deberán acreditar cada una de las fases que comprende el proceso de selección, entre las que se encuentra un examen de conocimientos y un curso de formación inicial y especialización en el sistema penal acusatorio
La recepción para los interesados se hace en el Instituto de Formación Profesional del estado, que de acuerdo con Vladimir Luna, también forma parte de la reforma al sistema penal.
Se retrasan casos en el interior del estado
En el distrito judicial VII con cabecera en Huauchinango solo existe un representante de la Fiscalía General del Estado para los ocho municipios que conforman la jurisdicción: Ahuazotepec, Chiconcuatla, Chila Honey, Huauchinango, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlan y Tlaola.
En la Casa de Justicia de Huauchinango el funcionario de la Fiscalía integra las carpetas de investigación, recibe denuncias y hace las labores de Ministerio Público, lo que origina que los denunciantes de posibles delitos se retiren del lugar por el tiempo que les demora interponer una acusación, según el reporte de medios de esta región.
Situación similar se vive en la Casa de Justicia de Izúcar de Matamoros, en donde se concentran las denuncias de 17 municipios: Acteopan, Ahuatlan, Coatzingo, Chietla, Izúcar de Matamoros, San Bartolo Cohuecan, San Juan Epatlan, San Martín Totoltepec, San Diego La Meza, Tochimilzingo, San Felipe Xochiltepec, Tepemaxalco, Teopantlan, Tepeojuma, Tepexco, Tilapa y Tlapanala.
El pasado 17 de mayo, en el marco del día contra la homofobia, Onán Vázquez Chávez, de la organización “No Dejarse es Incluirse–Vida Plena Puebla”, dio a conocer el caso de una mujer transexual del municipio de Izúcar de Matamoros que presentó una denuncia por amenazas de muerte ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y fue minimizada.
Detalló que la posible víctima interpuso una denuncia de forma virtual, pero ante la desatención la mujer amenazada se presentó en la Casa de Justicia de Izúcar en donde le informaron que la acusación no se iba a agilizar hasta que se presentará con un abogado o entregara dinero.
Finalmente, el día contra la homofobia, les informaron que la fiscal especial de Género de la FGE los recibiría para revisar los casos de discriminación que han sido denunciados.
Por el nuevo sistema de justicia, tutelar para menores a la mitad de su capacidad
Desde que entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal, el 18 de junio de 2016, el número de menores infractores recluidos en el tutelar especializado para adolescentes de la entidad ha disminuido casi a la mitad, según informaron fuentes dentro de este penal.
Entre 2013 y 2015 el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes del Estado de Puebla (CIEPA) había permanecido al máximo de su capacidad al resguardar en promedio a 100 varones y un promedio de 10 mujeres.
El centenar de hombres estaban divididos en las ocho secciones de dormitorios y en el patio se tenían a tres poblaciones diferentes: los sentenciados, procesados y vulnerables y parte el área femenil.
Así permaneció el CIEPA durante los años anteriores en donde por el número de ingresos había por lo menos 50 custodios para resguardar a la población.
Sin embargo, esta situación cambió a partir del nuevo modelo de justicia, desde el año pasado se han liberado a por lo menos 40 menores infractores que mantenían procesos abiertos y casi no ha habido ingresos, según informó personal de trabajo social que labora dentro del CIEPA y que solicitó el anonimato.
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