Durante este año, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) entregará 10 mil escrituras a través de siete decretos expropiatorios y posterior regularización en la capital, cuyo costo total es de 85 millones de pesos.
Así lo dieron a conocer, en rueda de prensa, el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de esa dependencia federal, Juan Carlos Lastiri Quirós, y el delegado del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), Alberto Jiménez Arroyo, quienes agregaron que ya se han otorgado 3 mil, es decir el 30 por ciento.
Lastiri Quirós comentó que para llegar a esta cifra se tuvo que hacer la expropiación y posterior regularización de siete ejidos en el municipio capitalino que están en 330 hectáreas y abarcan a 28 colonias; hasta el momento ya van seis.
Agregó que se encuentran en trámite 5 mil escrituras para dar certeza jurídica a las familias poblanas, mientras que otras 2 mil apenas iniciaron y estarán listas antes de que concluya el 2017.
Hasta el momento, los ejidos que ya se han expropiado son en Guadalupe Hidalgo, San Salvador Chachapa, la junta auxiliar de San Miguel Canoa, San Pablo Xochimehuacán, Guadalupe y San Bernabé Temoxtitla, este último el más grande de todos, mientras que se encuentra en trámite la expropiación el de La Resurrección.
Al tiempo de señalar que la Angelópolis y su zona conurbada es la de mayor problemática respecto a la cantidad de predios irregulares, comentó que en todo el estado se entregarán 30 mil escrituras, de las que 12 mil se concentran en Amozoc, con lo que se beneficiarán a más de 120 mil personas en total.
No es político el programa: Lastiri
El funcionario federal descartó que estas acciones tengan distingo de partido, al asegurar que no hay relación con los beneficiarios y los objetivos políticos del próximo año.
Por su parte, Jiménez Arroyo refirió que la Sedatu ha generado convenios para que el trámite de las escrituras ante el Catastro y el Registro Público de la Propiedad no sea una agravante para los beneficiarios.
Indicó que la inversión asciende a más de 15 millones de pesos para los gastos expropiatorios, operativos y para la integración de expedientes y en equipo especializado del personal.
En ese sentido, precisó que para el decreto de expropiación de los ejidos se desglosa en 2.2 millones de pesos para Guadalupe Hidalgo; 1 millón para San Miguel Canoa; 5.8 millones en San Bernabé Temoxtitla; 4.3 millones en San Salvador Chachapa; 401 mil pesos en San Pablo Xochimehuacán y 1.8 millones en Guadalupe.
Mientras que los 70 millones restantes son parte del subsidio del programa Praspa de la dependencia federal, con el que se condona el pago del gobierno estatal de 7 mil personas como resultado de un estudio socioeconómico que se hizo en las demarcaciones.
