El secretario General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, rechazó que se esté amenazando a los presidentes municipales para que declaren que el senador Luis Miguel Barbosa Huerta recibe “moches” por gestionarles recursos federales.
En entrevista, tras acudir a la inauguración de la Semana Nacional de Transparencia 2017 “Civismo Digital Responsable”, en el Complejo Cultural Universitario (CCU), el funcionario estatal aseveró que cada quien debe hacerse responsable de sus declaraciones.
Sin embargo, indicó que no presentará alguna denuncia penal contra el legislador simpatizante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ya que es él quien tiene que aclarar sus denuncias.
“La afirmación del senador Barbosa es absolutamente falsa en relación a lo que me acusa, si gestionó recursos para autoridades municipales que se haga cargo de sus propios dichos, creo que no tengo algo más que agregar al respecto”, pronunció.
Y es que el pasado miércoles, a través de un boletín, el senador que apoya a Morena acusó a la Secretaría de Finanzas (SFA) y Carrasco Altamirano de “estar citando a ediles para que firmen documentos que digan que les pidió dinero y que ello se debe a la red de espionaje que dio a conocer el lunes.
PGR debe investigar presunto espionaje
En otro tema, el encargado de la gobernabilidad en el estado comentó que si bien se tiene un protocolo para que las autoridades puedan actuar contra los intentos de linchamientos, en algunos casos la información fluyó con menos rapidez y no pudieron atender de manera oportuna.
Carrasco Altamirano indicó que, por lo anterior, están revisando en conjunto con Seguridad Pública y las autoridades municipales, para detectar cuáles son las áreas que hacen falta reforzar para darle atención a este tipo de hechos, que en ocasiones derivan en muerte de personas.
Respecto a la supuesta red de espionaje que se dio a conocer a principios de la semana, comentó que ello es un delito federal que se persigue de oficio, ya que viola las garantías instituciones de cada persona víctima de ello.
En ese sentido, sostuvo que la Procuraduría General de la República (PGR) es la que debe investigar estos hechos, sacar conclusiones y fincar responsabilidades si es que las hubiera contra quien cometió dicho delito.
