El delegado de la Sedesol en Puebla, Juan Manuel Vega Rayet, reconoció que los programas sociales han tenido “vicios” durante los procesos electorales, lo cual –afirmó– en ocasiones ha sido contraproducente pues en lugar de beneficiar los ha perjudicado.
Sostuvo que se van perfeccionando para que no haya este tipo de abuso y de coacción del voto para algún partido, pero recalcó que la gente “ya sabe lo que tiene qué hacer” en ese caso.
“La verdad no podemos decir eso, que no han sido utilizados (con fines políticos) claro tenemos que reconocer que ha habido vicios y que a través del tiempo en algunas ocasiones ha habido denuncias, si los usáramos nosotros, pues ganaríamos elecciones y no es así”, pronunció.
En entrevista, reiteró que los programas sociales deben estar “muy alejados” de los temas electorales porque en lugar de ayudar perjudican a los partidos, y es que recordó que tan sólo en este año para Puebla se etiquetaron 8 mil 500 millones de pesos para los diferentes programas que brinda la dependencia federal.
Lo anterior, tras la firma de convenio de colaboración entre las delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el cual, explicó Vega Rayet, es para vigilar que los precios de los productos de la canasta básica no incrementen sin autorización.
Vigilarán precios de productos básicos
Detalló que, en ocasiones, los comerciantes “se aprovechan” de la oferta y demanda de los mismos, para dar más caro los productos, principalmente en zonas alejadas o de difícil accesibilidad y aunque tenían algunas quejas de los ciudadanos, no podían hacer algo al respecto porque no estaba dentro de sus facultades.
En ese sentido, Vega Rayet comentó que con el convenio, cada que reciban una queja verificarán la misma y en caso de detectar irregularidades pasaron el caso a la Profeco para que realice la investigación correspondiente y, en su caso, aplicar la sanción si así lo amerita.
En tanto, Alejandro García Mendoza refirió que esta acción se hará para asegurar la protección de los derechos e intereses de los consumidores como usuarios y beneficiarios de los programas sociales federales en el estado.
