El policía municipal de Puebla que intimidó a un ciudadano por grabarlo mientras se estacionaba en doble fila en la colonia Valle Dorado, al norte de la ciudad, ya está siendo investigado, además de que “si se comprueba” su culpabilidad será sancionado.
Así lo aseguró el titular de la Ssptm, Alejandro Santizo Méndez, quien refirió que este oficial forma parte de los 44 contra los que se ha iniciado un expediente en lo que va del año.
Aunque no reveló su nombre, ni la unidad que tiene asignada el imputado, sostuvo que sí conoció del caso y que “ya se está atendiendo”, pues el ciudadano presentó su denuncia ante la Unidad de Control y Asuntos Internos.
En entrevista, luego de una reunión con regidores de la comisión de Seguridad Pública, reconoció que el pasado 5 de abril uno de sus elementos se estacionó en doble fila frente al Colegio Puebla y, cuando un colono le reclamó y comenzó a filmar la falta al reglamento de tránsito, el oficial trató de intimidarlo con hacerle “una revisión preventiva”.
Incluso, el cadete amagó con enviarlo con un juez cívico por resistirse a la revisión, a pesar de que –acusó el agraviado– no tenía una orden judicial para hacerlo.
Por lo anterior, Santizo Méndez afirmó que la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm) investiga al uniformado, aunque no dijo bajo qué cargos, si solo por la infracción, por intimidación o por abuso de autoridad, ya que el ciudadano sí fue enviado con un juez.
Aclaran caso en los Fuertes
Por otro lado, se refirió al caso de dos personas que en la zona de Los Fuertes “apartaron” lugar para estacionarse cerca de la Feria de Puebla en lugares prohibidos, pero al ser detenidas acusaron agresiones, vejaciones y abusos por parte de los policías.
“El operativo se realizó conforme a derecho; los mismos vecinos fueron quienes nos llamaron porque las personas -hombre y mujer- apartaban lugares para luego rentarlos como estacionamientos a los automovilistas”, aseguró.
En este caso -afirmó- no se les fincó responsabilidades a los uniformados, ya que las acusaciones fueron hechas a fin de que los detenidos fueran puestos en libertad.
“Al ver afectados sus intereses estas personas trataron de acusar a los oficiales, pero no se encontró responsabilidad alguna, ya que las detenciones fueron conforme a protocolos respetando los derechos humanos”, concluyó.
Sin embargo, reconoció que solo de marzo a abril la dependencia que encabeza recibió 26 quejas contra su personal, de los cuales 20 fueron exculpados, mientras que solo 6 tuvieron una “acción correctiva”.
