Luego de que se diera a conocer que Jorge Aduna Villavicencio, acusado de asesinar a seis personas, fue liberado por ganar un amparo, la FGE emitió su pronunciamiento donde dijo no estar de acuerdo pero respetará la decisión del juez federal.
La Fiscalía General del Estado (FGE) argumentó que en octubre de 2015, se denunció la desaparición de seis personas en la colonia San Miguel, en el estado de Puebla por parte de sus familiares.
Una vez que el agente del ministerio público tomó conocimiento de lo sucedido y realizó las investigaciones pertinentes para identificar y localizar a los probables responsables, presentó en calidad de testigos a los portadores de dos líneas telefónicas que formaban parte de la investigación.
Detalló que de las declaraciones rendidas por estas dos personas, se obtuvieron datos del lugar donde fueron privadas de la vida las víctimas y de los demás copartícipes, procediendo a su detención por caso urgente en términos del artículo 16 constitucional.
De las diversas diligencias realizadas, resaltó el cateo que se llevó a cabo en una de las propiedades del empresario gallero, lugar en el que se encontraron pertenencias de las víctimas y el vehículo de una de ellas.
Detiene a los probables responsables
Por lo anterior, la FGE subrayó que se ejerció acción penal en contra de Aduna Villavicencio, Yosafhat Berlanga Flores, Ricardo López Meza, Antonio Cantú García y José Emmanuel Limón Meneses, como probables responsables del delito de secuestro agravado.
Agregó, que tras la determinación, el juez cuarto de lo penal en el estado, ratificó la detención realizada por los agentes de investigación y dictó auto de formal prisión en contra de los detenidos.
Expuso, que inconforme con el auto, la defensa de los detenidos promovió juicio de amparo en contra de dicha resolución, misma que conoció al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado.
“En contra de la sentencia emitida por dicha autoridad federal se promovió un recurso de revisión, mismo que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito”, narró.
Explicó que la autoridad federal estimó que la detención de los probables responsables fue ilegal, al interpretar que no se dio el caso urgente que prevé y establece el propio artículo 16 constitucional, por lo que, con base en esa interpretación, decidió nulificar diversas pruebas que integran las averiguaciones previas, situación que la FGE no compartió.
“No implica que son inocentes”
Resaltó que aun cuando la autoridad federal en múltiples ocasiones fue desestimando las pruebas, el Juez Cuarto de lo penal dictó en tres ocasiones más auto de formal prisión por contar con elementos suficientes y bastantes para acreditar su probable responsabilidad.
Añadió que en cumplimiento al último requerimiento realizado por la autoridad federal, se desestimaron otras probanzas, decretando así el juez cuarto de lo Penal, auto de libertad por falta de elementos para procesar.
“Esta libertad no implica que los probables responsables sean inocentes, sino más bien un problema de criterios respecto el cumplimiento de los requisitos de la figura de caso urgente, de la que han existido diversas posturas”, argumentó la FGE, mientras aseguró que hará valer todos los recursos de queja procedentes.
Finalmente, adelantó que una vez que sean devueltas las constancias al agente del ministerio público, se subsanaran las observaciones de la autoridad federal y en su momento se solicitará al Juez del conocimiento lo conducente.